Declaraciones

La salud mental es un derecho. No vamos a permitir retrocesos.

Manifestamos nuestro enérgico rechazo a la propuesta de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental, cuyo tratamiento fue convocado para hoy, jueves 15 de octubre, en un plenario conjunto de las Comisiones de Legislación General y de Salud.

El proyecto de modificación que circula, genera una profunda preocupación, ya que pone en riesgo principios fundamentales de la ley vigente: la interdisciplina, la desinstitucionalización, el abordaje comunitario y la superación del modelo manicomial.

Rechazamos especialmente cualquier modificación que implique un retroceso en el lugar que la ley reconoce a los psicólogos y las psicólogas dentro de los equipos de salud. Defender nuestra participación en condiciones de igualdad no es una reivindicación corporativa: es defender el trabajo interdisciplinario, las prácticas integrales de atención y los derechos de las personas que requieren cuidados en salud mental.

No aceptamos retrocesos en derechos conquistados. No aceptamos el debilitamiento de los equipos interdisciplinarios ni el retorno a modelos de atención que vulneran la dignidad y la autonomía de las personas.

La Ley Nacional de Salud Mental es una conquista colectiva que debe profundizarse, no desmantelarse. Cualquier reforma debe ampliar derechos, fortalecer las políticas públicas y garantizar una atención digna, integral y comunitaria.

A la espera de la publicación del texto oficial, reafirmamos nuestro rechazo a toda iniciativa que avance en sentido contrario a estos principios.

Instamos a las senadoras y los senadores de la Nación a que, en lugar de promover modificaciones que debiliten la Ley Nacional de Salud Mental, atiendan la crítica situación de salud mental de nuestra población. La prioridad del Congreso debe ser garantizar el acceso a los cuidados y la plena implementación de la ley vigente.

DEFENDER LA LEY DE SALUD MENTAL ES DEFENDER DERECHOS.

NO A LOS RETROCESOS. SÍ A UNA SALUD MENTAL PÚBLICA, COMUNITARIA E INTERDISCIPLINARIA.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FePRA) reafirma su compromiso ético y profesional con la construcción y consolidación de un sistema de salud mental basado en el pleno respeto de los derechos humanos, la dignidad y la autonomía de las personas.
El acceso a la atención en salud mental constituye una dimensión inseparable del derecho a la salud integral y una condición fundamental para el ejercicio efectivo de la ciudadanía. Garantizar este derecho implica no solo asegurar la disponibilidad de servicios de atención, sino también promover prácticas accesibles, inclusivas, respetuosas y libres de toda forma de discriminación y violencia.
La salud mental es una construcción histórica, social, cultural y política, atravesada por las condiciones de vida, los vínculos, las desigualdades y el acceso efectivo a derechos. Desde esta perspectiva, su abordaje requiere superar miradas exclusivamente individualizantes y reconocer la dimensión comunitaria, social e institucional de los procesos de salud y padecimiento.
La vigencia efectiva de los derechos humanos no constituye, por tanto, una aspiración abstracta, sino un principio rector e ineludible de las prácticas clínicas, comunitarias e institucionales. Implica garantizar condiciones de atención que respeten la autonomía, la participación y la dignidad de las personas, promoviendo intervenciones orientadas al cuidado, la inclusión social y el fortalecimiento de las redes comunitarias.
En un contexto de ajuste incesante y progresivo, signado por el repliegue del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades, resulta imprescindible reafirmar que no es posible hablar de salud mental sin considerar las condiciones concretas de vida de la población y las posibilidades efectivas de ejercer plenamente la ciudadanía. La salud mental no puede reducirse únicamente al acceso a una atención sanitaria integral y de calidad, sino que se encuentra estrechamente vinculada con el acceso a la educación, al trabajo, al ocio, a la seguridad, a una vivienda digna, a la participación social y a la posibilidad de construir y sostener proyectos de vida en comunidad. En este sentido, su abordaje exige reconocer y garantizar el conjunto de derechos sociales conquistados a lo largo de los años, cuya efectiva vigencia constituye una condición indispensable para el bienestar y la dignidad de las personas. Por ello, manifestamos:
Defensa irrestricta de la Ley N.º 26.657: Rechazamos cualquier intento de retroceso normativo o de reinstauración de lógicas manicomiales y de encierro. La respuesta al padecimiento debe ser siempre en la comunidad y con apoyos.
Presupuesto garantizado y financiamiento adecuado: La plena implementación del modelo comunitario exige una inversión real en dispositivos de la red asistencial (centros de salud, casas de convivencia, talleres sociolaborales y equipos interdisciplinarios en el primer nivel de atención).
Condiciones dignas de trabajo profesional: Exigimos el reconocimiento, cuidado y precarización cero para las y los trabajadores de la salud mental, cuya labor profesional constituye el sostén cotidiano del sistema público y privado.
Perspectiva de Derechos, Géneros y Diversidades: Ratificamos el compromiso con una práctica libre de violencias, patologizaciones indebidas y estigmas socialmente construidos.
Defensa de la interdisciplina: Reivindicamos la interdisciplina como principio ético, político y organizador de las prácticas en salud mental. Rechazamos toda pretensión de hegemonía, subordinación o jerarquización entre disciplinas, así como cualquier intento de establecer privilegios profesionales en la toma de decisiones, el ejercicio de responsabilidades y el acceso a cargos de conducción. La integralidad del cuidado exige horizontalidad, construcción colectiva de saberes y pleno reconocimiento de las incumbencias profesionales.
Salud mental es vivienda, trabajo, afecto, comunidad y memoria.

Desde la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FePRA) expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental que impulsa el gobierno nacional.

Después de más de quince años de vigencia, existen problemas que deben ser discutidos y aspectos que pueden mejorarse, y muy lejos estamos de sostener que una ley no pueda revisarse.  Pero una reforma debería servir para garantizar más atención, fortalecer los servicios públicos, ampliar los equipos profesionales y desarrollar los dispositivos comunitarios que todavía faltan. El proyecto en discusión avanza, por el contrario, en una dirección que puede producir graves retrocesos para la salud mental de nuestra población.

El primer problema es la concepción misma de la salud mental que sostiene el proyecto reformador. La ley vigente entiende que el sufrimiento psíquico no puede explicarse únicamente mediante un diagnóstico individual sino que intervienen condiciones psicológicas, biológicas, familiares, económicas, sociales y culturales. El proyecto oficialista, al desplazar reiteradamente la noción de padecimiento mental hacia las categorías de afección o trastorno mental, favorece una mirada más reduccionista y medicalizadora.  

Sostenemos que las personas no son diagnósticos, y que los problemas de salud mental no pueden comprenderse separándolos de las condiciones en las que las personas viven, trabajan, estudian y construyen sus vínculos.

Un segundo retroceso afecta directamente a la interdisciplina. La propuesta establece que todo equipo interdisciplinario deberá contar obligatoriamente con un médico psiquiatra. La ley actual no establece jerarquías entre las disciplinas; por el contrario,  el proyecto de reforma introduce una condición que vuelve a colocar al saber médico-psiquiátrico en una posición privilegiada. Esto no sólo afecta las incumbencias y la autonomía de profesiones como la psicología sino que puede dificultar concretamente el acceso a la atención allí donde no existen suficientes psiquiatras, particularmente en pequeñas localidades y regiones alejadas de los grandes centros urbanos. Esta exigencia puede generar demoras, centralización y dificultades para constituir equipos. La resolución de este problema a partir de la propuesta de asistencia virtual de urgencias, demuestra impericia sobre las necesidades asistenciales y expone a pacientes a todo tipo de abusos y negligencias. Finalmente, la habilitación a intervenir a médicos de otras especialidades que no necesariamente tienen formación en salud mental degrada la atención específica, y abre la posibilidad a la mala praxis.

También nos preocupa especialmente la ampliación de las posibilidades de internación involuntaria. La sustitución del criterio de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño” introduce una formulación más amplia e imprecisa para justificar restricciones de la libertad. Una sociedad que busca proteger a quienes atraviesan una crisis necesita mejores dispositivos de atención y acompañamiento, no criterios más laxos para encerrarlos. En este sentido, el proyecto sobrecarga la responsabilidad del cuidado del paciente en la familia, sin proveer recursos o andamiajes que permitan sostener y sostenerse frente al padecimiento psíquico y elude la responsabilidad del Estado debilitando el desarrollo concreto de los dispositivos comunitarios. La Ley 26.657 establece expresamente alternativas como la atención domiciliaria, los hospitales de día, las casas de convivencia, las cooperativas de trabajo y los emprendimientos sociales. El proyecto de reforma modifica ese piso normativo que orienta la construcción de un sistema basado en la inclusión y la vida en comunidad, dejando más desamparadas aún a las familias padecientes.

Resulta también llamativo que una reforma presentada como actualización de la política de salud mental no incorpore prácticamente ninguno de los nuevos problemas asociados a las transformaciones tecnológicas contemporáneas. El impacto de las redes sociales, la hiperconectividad, el uso intensivo de pantallas, las nuevas formas de aislamiento, las apuestas y consumos digitales, el ciberacoso, la exposición temprana de niñas, niños y adolescentes a entornos digitales, así como la creciente utilización de inteligencia artificial en ámbitos vinculados a la atención y orientación en salud mental, plantean desafíos inéditos para la prevención, la asistencia y la regulación sanitaria. Una verdadera actualización de la ley debería incorporar estos fenómenos, promover investigación, prevención y dispositivos específicos de abordaje, y establecer criterios claros para que ninguna herramienta tecnológica sustituya el vínculo clínico, la evaluación profesional ni la responsabilidad de los equipos de salud. El proyecto oficial, sin embargo, omite estos problemas mientras concentra sus modificaciones en flexibilizar internaciones, rejerarquizar el modelo médico-psiquiátrico y rehabilitar instituciones especializadas.

Frente a todo este panorama, el cambio más preocupante, sin embargo, es el regreso de las instituciones psiquiátricas monovalentes como parte legitimada del sistema. Mientras la ley vigente prohíbe crear nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones monovalentes, y establece su sustitución progresiva por dispositivos alternativos, el proyecto elimina ese mandato. Al mismo tiempo, habilita que las internaciones se realicen no sólo en hospitales generales, sino también en hospitales e instituciones especializadas en psiquiatría y salud mental, públicos y privados. Esto significa volver a separar a las personas con padecimientos de salud mental del resto del sistema sanitario y recuperar una lógica institucional que nuestro país había conseguido superar.

El problema de la salud mental en la Argentina no es que existan demasiados derechos. El problema es que todavía no hemos construido los servicios necesarios para hacerlos plenamente efectivos.

Por eso, frente al crecimiento del sufrimiento psíquico de nuestra población, la respuesta no puede ser volver al encierro, medicalizar los problemas sociales, debilitar la interdisciplina o restringir derechos. Necesitamos exactamente lo contrario: más presupuesto, más profesionales, más atención primaria, más hospitales generales preparados para atender la salud mental y una verdadera red federal de dispositivos comunitarios.

Desde FePRA convocamos a legisladoras y legisladores, universidades, organizaciones profesionales, trabajadores de la salud, usuarios, familiares y al conjunto de la sociedad a sostener un debate amplio y responsable.

La Ley de Salud Mental puede mejorarse. Pero mejorarla significa avanzar sobre aquello que todavía no se cumplió, no regresar a aquello que durante décadas luchamos por superar.

Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la FePra adherimos al documento de la APDH con enorme preocupación por los derechos vulnerados de las familias mapuche que habitan en el territorio hace generaciones.

Nuestro pueblo ya tiene nefastas experiencias en desalojos como estos que se pretenden llevar adelante nuevamente. 

Por una resolución que respete los derechos constitucionales y convencionales de nuestros pueblos originarios, decimos: ¡¡Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Elías Garay presentes!!

A continuación, reproducimos el texto del comunicado de la APDH

Comunicado de APDH sobre el inminente desalojo de las comunidades Lof Melo y Lof Quintriqueo

Desde la APDH Neuquén, y ante las noticias que nos llegan desde las comunidades Lof Melo y Lof Quintriqueo, en la zona de Paso Coihue, Villa La Angostura, sobre el inminente uso de la fuerza pública para el desalojo de las mismas, exhortamos al Gobierno Provincial a no recurrir a estas acciones, a la represión ni a la violencia como forma de cumplir una orden judicial.

Este no es el camino de la Justicia, ni tampoco el de los múltiples caminos que la Democracia nos propone para resolver los conflictos.

No pueden recaer sobre los cuerpos de los pueblos originarios más castigos, más golpes ni más tormentos de los que ya han sufrido como consecuencia de políticas de represión y violencia utilizadas históricamente como método para abordar los conflictos.

Exigimos al Gobierno Provincial que construya los canales de diálogo necesarios para arribar a una solución pacífica, que contemple los derechos involucrados y permita avanzar en términos de verdadera Justicia.

Desde nuestro histórico acompañamiento a los reclamos por los derechos de los pueblos originarios, sostenemos que la salida no puede ser el desalojo ni la violencia. Es responsabilidad del Estado generar las condiciones necesarias para el diálogo y construir una resolución justa del conflicto.

Violencia de Estado, Nunca Más.

APDH Neuquén

Neuquén 20 Agosto de 2026

Posicionamiento de la Comisión Nacional de Psicología, Deportes y Salud Mental de la FePRA

La Comisión Nacional de Psicología, Deportes y Salud Mental de la Federación de Psicólogos y Psicólogas de la República Argentina expresa su profunda preocupación ante el crecimiento exponencial de las apuestas online y su creciente penetración en las infancias, adolescencias y juventudes de nuestro país.

En el marco de la realización de la Copa Mundial de Fútbol, observamos con alarma la intensidad y frecuencia de las publicidades vinculadas a plataformas de apuestas deportivas, presentes de manera constante durante las transmisiones de los partidos, en redes sociales, aplicaciones móviles y contenidos digitales orientados a públicos masivos.

Particular preocupación generan los espacios publicitarios desplegados durante los cortes de transmisión y pausas por hidratación, momentos en los que la audiencia permanece cautiva frente a mensajes que promueven el juego de apuestas y el consumo de bebidas alcohólicas como prácticas cotidianas, accesibles e incluso deseables.

Estas estrategias comerciales encuentran un terreno especialmente sensible en adolescentes, población que atraviesa procesos de constitución subjetiva y que se encuentra expuesta a una creciente oferta de consumos digitales diseñados para captar atención, generar dependencia y promover expectativas de ganancias inmediatas.

La situación resulta especialmente preocupante en un contexto caracterizado por el aumento del sufrimiento psíquico, los problemas de salud mental y las conductas de riesgo que afectan a las adolescencias en nuestro país.

El deporte constituye históricamente un espacio de encuentro, inclusión, construcción de ciudadanía, cooperación y desarrollo humano. Sin embargo, asistimos a un escenario en el cual intereses comerciales crecientemente agresivos buscan transformar cada acontecimiento deportivo en una oportunidad de captación de nuevos consumidores para la industria de las apuestas.

Desde esta Comisión entendemos que resulta indispensable avanzar en políticas públicas de regulación, prevención y promoción de la salud mental que protejan especialmente a niñas, niños y adolescentes frente a prácticas comerciales que explotan la vulnerabilidad y estimulan conductas potencialmente adictivas.

Asimismo, consideramos necesario fortalecer el papel de clubes, escuelas, organizaciones comunitarias y dispositivos de salud como espacios de cuidado, información y acompañamiento.

La salud mental es un derecho humano. Su protección requiere acciones colectivas, regulación estatal y compromiso comunitario.

Porque la salud mental está en juego.

El 3 de junio de 2015, mujeres y disidencias salimos a las calles para exigir justicia por Chiara Páez, una joven santafesina de 14 años asesinada por su novio estando embarazada.

Este femicidio nos llevó a organizarnos. Por eso, desde el 2015, al grito de NI UNA MENOS, nos encontramos en multitudinarias marchas en todo el país, manifestando nuestro enojo y angustia, pero también nuestra potencia como movimiento de mujeres y disidencias, con la insistencia de visibilizar la grave situación que vivimos cotidianamente. La apuesta por lo colectivo dio inicio al movimiento Ni una menos, que se replica en todas partes del mundo, reivindicando que todas las vidas son valiosas y reclamando a los Estados la urgencia de políticas públicas contra las violencias que soportan nuestros cuerpos.

A pocos días del 3J, otro femicidio nos conmociona como sociedad. El cuerpo de la adolescente Agostina Vega fue hallado en un descampado en la ciudad de Córdoba tras una semana de su búsqueda. Al día siguiente, otro femicidio nos sacude: el cuerpo sin vida de Dulce, que con 17 años fue encontrada en una construcción abandonada en la provincia de Misiones. Sus nombres se suman a la lista de víctimas de las violencias por razones de género. Las cifras aumentan y las violencias se replican día tras día en nuestra sociedad.

Hoy volvemos a gritar “Ni una menos” porque vivimos tiempos donde los discursos de odio y de crueldad están legitimados por parte del Estado nacional. Tiempos en los que se recortan y desarticulan los programas destinados a la protección y garantías de derechos de mujeres, disidencias, infancias y de lxs más vulnerables. Tiempos en los que se cuestiona la figura de femicidio en un intento de ocultar la realidad y vulnerabilidad en la que vivimos. Tiempos en los que se deslegitiman las denuncias por violencias de género, poniéndolas en pie de igualdad con las llamadas “falsas denuncias”, aun cuando estas últimas carezcan de respaldo y relevancia estadística. El problema no son las falsas denuncias, sino la falta de denuncias. ¿Por qué las mujeres y disidencias en situación de violencia de género no realizan las denuncias? Y, de la misma manera, ¿cómo convive una sociedad con una violencia que declara repudiar en los femicidios? ¿Qué relación guardan las violencias cotidianas, los micromachismos y los lesbotransfemicidios?

Las cifras son alarmantes. Según el informe del Observatorio “Ahora que sí nos ven”, de enero a mayo de 2026, en Argentina se han relevado 99 femicidios y trans/travesticidios, una muerte cada 30 hs. 61 niños y niñas se quedaron sin madre. Solo el 10 % había denunciado previamente a su agresor. Las provincias de Santiago del Estero, San Luis, Catamarca y Santa Fe presentan tasas que superan el promedio nacional.

Desde la Comisión Nacional de Géneros, Diversidades y Disidencias de FePRA exigimos:

* Políticas de protección integral.

* La aparición urgente de Delicia Mamani y todas las que aún nos faltan.

* Justicia por Agostina.

* Justicia por Pamela, Rosana y Andrea. Fue lesbicidio.

* Sostener la búsqueda de las que nos faltan.

* Los discursos de odio matan.

* El Estado es responsable.

* Ni una menos.

* Vivas nos queremos.

La Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina expresa su repudio frente a las acciones de hostigamiento, descalificación y sospecha pública dirigidas a colegas que desarrollan su tarea en el ámbito de las infancias, particularmente en escenarios atravesados por procesos judiciales.

Lejos de tratarse de episodios aislados, tal como plantea el Colegio de Psicólogos de Santa Fé Segunda Circunscripción, estos acontecimientos deben comprenderse en el marco de un deterioro sostenido de las políticas públicas orientadas a la niñez y la adolescencia y del debilitamiento de los dispositivos institucionales encargados de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. En este contexto, el sistema de justicia no queda al margen sino que, en ocasiones, reproduce enfoques simplificadores que resultan insuficientes para abordar la complejidad de las situaciones involucradas.

La ausencia de políticas integrales y la retracción de la inversión en el campo social favorecen la consolidación de miradas reduccionistas que tienden a individualizar y patologizar problemáticas que son, en esencia, de carácter relacional, social e histórico. En este escenario, emergen constructos sin validación científica que operan como categorías explicativas impropias, desplazando la centralidad de la palabra de niños, niñas y adolescentes, y promoviendo intervenciones que pueden derivar en nuevas formas de vulneración. Estas perspectivas no solo afectan a las infancias, sino que también habilitan discursos que buscan desacreditar la labor profesional y erosionar la confianza en prácticas sustentadas en la ética y el conocimiento científico.

El incremento de las violencias y de las situaciones de vulneración de derechos exige una respuesta urgente por parte del Estado orientada al fortalecimiento de políticas públicas con anclaje territorial, sostenidas en el tiempo y basadas en un enfoque de derechos. La complejidad de estas problemáticas requiere necesariamente de dispositivos interdisciplinarios que permitan una escucha calificada, respetuosa y situada, evitando respuestas fragmentarias o estandarizadas que desconocen la singularidad de cada trayectoria.

Observamos con preocupación que muchos niños, niñas y adolescentes permanecen largos períodos bajo la órbita judicial, en dispositivos que no siempre logran ofrecer condiciones adecuadas para su cuidado integral. Esta prolongada judicialización, lejos de resolver las problemáticas, puede profundizar el padecimiento subjetivo, evidenciando la necesidad de revisar críticamente las prácticas institucionales vigentes y de promover una articulación más efectiva entre el sistema de justicia y las políticas públicas de protección.

En este sentido, resulta imprescindible destacar que la determinación de situaciones de vulneración de derechos no puede recaer en una única disciplina. Los aportes de la psicología constituyen una herramienta específica dentro de un entramado más amplio de saberes. El informe psicológico no posee carácter resolutivo ni puede ser equiparado a una decisión judicial; su función es contribuir a la comprensión integral de las situaciones, en diálogo con otras disciplinas y fuentes de información.

En este marco, resulta ineludible recordar la vigencia y el carácter vinculante de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece principios rectores como el interés superior del niño, el derecho a ser oído y a que su opinión sea debidamente tenida en cuenta, así como la obligación de los Estados de garantizar su protección integral frente a toda forma de violencia. Las prácticas que desoyen la palabra de niños, niñas y adolescentes, que los someten a procesos revictimizantes o que los reducen a objetos de disputa judicial no solo resultan éticamente inadmisibles, sino que implican un retroceso en el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por nuestro país.

Desde esta Federación reafirmamos nuestro compromiso con un ejercicio profesional regido por principios éticos, deontológicos y científicos, con una perspectiva que reconoce a las infancias como sujetos de derecho, con voz propia y con una historia que debe ser escuchada y respetada. La defensa de las y los profesionales que intervienen en este campo es inseparable de la defensa de prácticas responsables, rigurosas y comprometidas con la salud mental y los derechos humanos.

Convocamos a los distintos actores institucionales -poderes del Estado, organismos especializados y operadores del sistema judicial- a asumir con responsabilidad el desafío de transformar las condiciones actuales, promoviendo dispositivos que estén a la altura de la complejidad de las problemáticas y que garanticen intervenciones respetuosas de las necesidades singulares de cada niño, niña y adolescente.

Asimismo, recordamos que las entidades que integran esta Federación disponen de instancias de asesoramiento jurídico, acompañamiento profesional y tribunales de ética, orientados a resguardar las buenas prácticas y a sostener el ejercicio responsable de la profesión.

En virtud de lo expuesto, esta Federación expresa su respaldo al planteo formulado por el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Santa Fe Segunda Circunscripción y solicita, con carácter urgente, la convocatoria a una audiencia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el propósito de abordar de manera integral la problemática señalada, en resguardo de los derechos de las infancias, del ejercicio profesional y del conjunto de psicólogas y psicólogos de la República Argentina.

Sostener el cuidado de las infancias y proteger a quienes trabajan cotidianamente en ese compromiso constituye una responsabilidad indelegable. Allí donde se debilitan estas garantías, se compromete no solo el presente, sino también el futuro colectivo.

Desde nuestra Federación, consideramos que los hechos de público conocimiento ocurridos en San Cristóbal, Santa Fe nos convocan a producir una lectura que contemple la complejidad de las adolescencias actuales y las condiciones en las que se configuran sus experiencias.

Nuestra posición se construye a partir de desarrollos teóricos y clínicos que permiten pensar estos emergentes más allá de miradas simplificadoras o respuestas centradas en la sanción. En este marco, retomamos aportes de la Dra. Ana Bloj, que orientan y enriquecen esta perspectiva.

Entendemos que no se trata de ubicar responsabilidades de manera lineal en familias o instituciones educativas, ni de patologizar procesos propios de la constitución psíquica. Por el contrario, resulta necesario abrir preguntas sobre el entorno en el que crecen las adolescencias hoy.

Nos encontramos ante subjetividades atravesadas por una experiencia fuertemente mediada por lo digital, donde las fronteras entre lo virtual y lo material se vuelven cada vez más difusas. Donde aquello que no logra ser tramitado en la casa o en la escuela encuentra expresión en los entornos digitales, que funcionan como escenarios de manifestación de lo que sucede “debajo del radar”

A su vez, estas experiencias no pueden pensarse por fuera de un contexto más amplio, en el que abundan discursos sociales o políticos de adultos que habilitan o legitiman formas de violencia y crueldad, impactando en los modos de vinculación y en la constitución de referencias simbólicas.

Desde esta perspectiva, consideramos que la responsabilidad no puede recaer exclusivamente sobre quienes atraviesan estas situaciones. Se vuelve imprescindible interrogar el lugar de los grandes productores de sentido y de los dispositivos que estructuran la experiencia contemporánea, sin dejar de reconocer que el compromiso de escucha y acompañamiento es una tarea colectiva.

Lejos de respuestas punitivas, proponemos leer estos hechos como expresiones de un malestar que requiere ser alojado. Para muchas adolescencias, lo que sucede en los entornos digitales no es ajeno a su vida, sino una dimensión central de la misma.

Cuidar la salud mental implica, entonces, generar condiciones de presencia, escucha y acompañamiento también en esos territorios, reconociendo las formas actuales del padecimiento y asumiendo la responsabilidad social de construir respuestas más humanas y sostenidas.