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El 3 de junio de 2015, mujeres y disidencias salimos a las calles para exigir justicia por Chiara Páez, una joven santafesina de 14 años asesinada por su novio estando embarazada.

Este femicidio nos llevó a organizarnos. Por eso, desde el 2015, al grito de NI UNA MENOS, nos encontramos en multitudinarias marchas en todo el país, manifestando nuestro enojo y angustia, pero también nuestra potencia como movimiento de mujeres y disidencias, con la insistencia de visibilizar la grave situación que vivimos cotidianamente. La apuesta por lo colectivo dio inicio al movimiento Ni una menos, que se replica en todas partes del mundo, reivindicando que todas las vidas son valiosas y reclamando a los Estados la urgencia de políticas públicas contra las violencias que soportan nuestros cuerpos.

A pocos días del 3J, otro femicidio nos conmociona como sociedad. El cuerpo de la adolescente Agostina Vega fue hallado en un descampado en la ciudad de Córdoba tras una semana de su búsqueda. Al día siguiente, otro femicidio nos sacude: el cuerpo sin vida de Dulce, que con 17 años fue encontrada en una construcción abandonada en la provincia de Misiones. Sus nombres se suman a la lista de víctimas de las violencias por razones de género. Las cifras aumentan y las violencias se replican día tras día en nuestra sociedad.

Hoy volvemos a gritar “Ni una menos” porque vivimos tiempos donde los discursos de odio y de crueldad están legitimados por parte del Estado nacional. Tiempos en los que se recortan y desarticulan los programas destinados a la protección y garantías de derechos de mujeres, disidencias, infancias y de lxs más vulnerables. Tiempos en los que se cuestiona la figura de femicidio en un intento de ocultar la realidad y vulnerabilidad en la que vivimos. Tiempos en los que se deslegitiman las denuncias por violencias de género, poniéndolas en pie de igualdad con las llamadas “falsas denuncias”, aun cuando estas últimas carezcan de respaldo y relevancia estadística. El problema no son las falsas denuncias, sino la falta de denuncias. ¿Por qué las mujeres y disidencias en situación de violencia de género no realizan las denuncias? Y, de la misma manera, ¿cómo convive una sociedad con una violencia que declara repudiar en los femicidios? ¿Qué relación guardan las violencias cotidianas, los micromachismos y los lesbotransfemicidios?

Las cifras son alarmantes. Según el informe del Observatorio “Ahora que sí nos ven”, de enero a mayo de 2026, en Argentina se han relevado 99 femicidios y trans/travesticidios, una muerte cada 30 hs. 61 niños y niñas se quedaron sin madre. Solo el 10 % había denunciado previamente a su agresor. Las provincias de Santiago del Estero, San Luis, Catamarca y Santa Fe presentan tasas que superan el promedio nacional.

Desde la Comisión Nacional de Géneros, Diversidades y Disidencias de FePRA exigimos:

* Políticas de protección integral.

* La aparición urgente de Delicia Mamani y todas las que aún nos faltan.

* Justicia por Agostina.

* Justicia por Pamela, Rosana y Andrea. Fue lesbicidio.

* Sostener la búsqueda de las que nos faltan.

* Los discursos de odio matan.

* El Estado es responsable.

* Ni una menos.

* Vivas nos queremos.

La Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina expresa su repudio frente a las acciones de hostigamiento, descalificación y sospecha pública dirigidas a colegas que desarrollan su tarea en el ámbito de las infancias, particularmente en escenarios atravesados por procesos judiciales.

Lejos de tratarse de episodios aislados, tal como plantea el Colegio de Psicólogos de Santa Fé Segunda Circunscripción, estos acontecimientos deben comprenderse en el marco de un deterioro sostenido de las políticas públicas orientadas a la niñez y la adolescencia y del debilitamiento de los dispositivos institucionales encargados de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. En este contexto, el sistema de justicia no queda al margen sino que, en ocasiones, reproduce enfoques simplificadores que resultan insuficientes para abordar la complejidad de las situaciones involucradas.

La ausencia de políticas integrales y la retracción de la inversión en el campo social favorecen la consolidación de miradas reduccionistas que tienden a individualizar y patologizar problemáticas que son, en esencia, de carácter relacional, social e histórico. En este escenario, emergen constructos sin validación científica que operan como categorías explicativas impropias, desplazando la centralidad de la palabra de niños, niñas y adolescentes, y promoviendo intervenciones que pueden derivar en nuevas formas de vulneración. Estas perspectivas no solo afectan a las infancias, sino que también habilitan discursos que buscan desacreditar la labor profesional y erosionar la confianza en prácticas sustentadas en la ética y el conocimiento científico.

El incremento de las violencias y de las situaciones de vulneración de derechos exige una respuesta urgente por parte del Estado orientada al fortalecimiento de políticas públicas con anclaje territorial, sostenidas en el tiempo y basadas en un enfoque de derechos. La complejidad de estas problemáticas requiere necesariamente de dispositivos interdisciplinarios que permitan una escucha calificada, respetuosa y situada, evitando respuestas fragmentarias o estandarizadas que desconocen la singularidad de cada trayectoria.

Observamos con preocupación que muchos niños, niñas y adolescentes permanecen largos períodos bajo la órbita judicial, en dispositivos que no siempre logran ofrecer condiciones adecuadas para su cuidado integral. Esta prolongada judicialización, lejos de resolver las problemáticas, puede profundizar el padecimiento subjetivo, evidenciando la necesidad de revisar críticamente las prácticas institucionales vigentes y de promover una articulación más efectiva entre el sistema de justicia y las políticas públicas de protección.

En este sentido, resulta imprescindible destacar que la determinación de situaciones de vulneración de derechos no puede recaer en una única disciplina. Los aportes de la psicología constituyen una herramienta específica dentro de un entramado más amplio de saberes. El informe psicológico no posee carácter resolutivo ni puede ser equiparado a una decisión judicial; su función es contribuir a la comprensión integral de las situaciones, en diálogo con otras disciplinas y fuentes de información.

En este marco, resulta ineludible recordar la vigencia y el carácter vinculante de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece principios rectores como el interés superior del niño, el derecho a ser oído y a que su opinión sea debidamente tenida en cuenta, así como la obligación de los Estados de garantizar su protección integral frente a toda forma de violencia. Las prácticas que desoyen la palabra de niños, niñas y adolescentes, que los someten a procesos revictimizantes o que los reducen a objetos de disputa judicial no solo resultan éticamente inadmisibles, sino que implican un retroceso en el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por nuestro país.

Desde esta Federación reafirmamos nuestro compromiso con un ejercicio profesional regido por principios éticos, deontológicos y científicos, con una perspectiva que reconoce a las infancias como sujetos de derecho, con voz propia y con una historia que debe ser escuchada y respetada. La defensa de las y los profesionales que intervienen en este campo es inseparable de la defensa de prácticas responsables, rigurosas y comprometidas con la salud mental y los derechos humanos.

Convocamos a los distintos actores institucionales -poderes del Estado, organismos especializados y operadores del sistema judicial- a asumir con responsabilidad el desafío de transformar las condiciones actuales, promoviendo dispositivos que estén a la altura de la complejidad de las problemáticas y que garanticen intervenciones respetuosas de las necesidades singulares de cada niño, niña y adolescente.

Asimismo, recordamos que las entidades que integran esta Federación disponen de instancias de asesoramiento jurídico, acompañamiento profesional y tribunales de ética, orientados a resguardar las buenas prácticas y a sostener el ejercicio responsable de la profesión.

En virtud de lo expuesto, esta Federación expresa su respaldo al planteo formulado por el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Santa Fe Segunda Circunscripción y solicita, con carácter urgente, la convocatoria a una audiencia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el propósito de abordar de manera integral la problemática señalada, en resguardo de los derechos de las infancias, del ejercicio profesional y del conjunto de psicólogas y psicólogos de la República Argentina.

Sostener el cuidado de las infancias y proteger a quienes trabajan cotidianamente en ese compromiso constituye una responsabilidad indelegable. Allí donde se debilitan estas garantías, se compromete no solo el presente, sino también el futuro colectivo.

Desde nuestra Federación, consideramos que los hechos de público conocimiento ocurridos en San Cristóbal, Santa Fe nos convocan a producir una lectura que contemple la complejidad de las adolescencias actuales y las condiciones en las que se configuran sus experiencias.

Nuestra posición se construye a partir de desarrollos teóricos y clínicos que permiten pensar estos emergentes más allá de miradas simplificadoras o respuestas centradas en la sanción. En este marco, retomamos aportes de la Dra. Ana Bloj, que orientan y enriquecen esta perspectiva.

Entendemos que no se trata de ubicar responsabilidades de manera lineal en familias o instituciones educativas, ni de patologizar procesos propios de la constitución psíquica. Por el contrario, resulta necesario abrir preguntas sobre el entorno en el que crecen las adolescencias hoy.

Nos encontramos ante subjetividades atravesadas por una experiencia fuertemente mediada por lo digital, donde las fronteras entre lo virtual y lo material se vuelven cada vez más difusas. Donde aquello que no logra ser tramitado en la casa o en la escuela encuentra expresión en los entornos digitales, que funcionan como escenarios de manifestación de lo que sucede “debajo del radar”

A su vez, estas experiencias no pueden pensarse por fuera de un contexto más amplio, en el que abundan discursos sociales o políticos de adultos que habilitan o legitiman formas de violencia y crueldad, impactando en los modos de vinculación y en la constitución de referencias simbólicas.

Desde esta perspectiva, consideramos que la responsabilidad no puede recaer exclusivamente sobre quienes atraviesan estas situaciones. Se vuelve imprescindible interrogar el lugar de los grandes productores de sentido y de los dispositivos que estructuran la experiencia contemporánea, sin dejar de reconocer que el compromiso de escucha y acompañamiento es una tarea colectiva.

Lejos de respuestas punitivas, proponemos leer estos hechos como expresiones de un malestar que requiere ser alojado. Para muchas adolescencias, lo que sucede en los entornos digitales no es ajeno a su vida, sino una dimensión central de la misma.

Cuidar la salud mental implica, entonces, generar condiciones de presencia, escucha y acompañamiento también en esos territorios, reconociendo las formas actuales del padecimiento y asumiendo la responsabilidad social de construir respuestas más humanas y sostenidas.

La Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FePRA) expresa su  pleno acompañamiento al posicionamiento público del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos frente a la reciente implementación, por parte del gobierno provincial, de un programa basado en inteligencia artificial orientado al apoyo de docentes y estudiantes. 

En primer lugar, manifestamos nuestra profunda preocupación por el carácter inconsulto  de la medida adoptada, que omite la participación de las instituciones profesionales, académicas y científicas con trayectoria en el campo de la salud mental, la educación y la niñez. Las  transformaciones que involucran procesos subjetivos, prácticas pedagógicas y abordajes en salud mental no pueden ser definidas unilateralmente ni reducidas a decisiones de carácter meramente tecnológico o administrativo. Requieren, por el contrario, de instancias de debate  plural, interdisciplinario y con anclaje territorial. 

Tal como señalan diversos desarrollos contemporáneos -entre ellos el informe “La época  de la IA: complementariedades entre humanos y máquinas en acción” de la MIT Sloan School  of Management-, la incorporación de tecnologías basadas en inteligencia artificial solo resulta social y éticamente válida en la medida en que complemente y fortalezca la acción humana, sin sustituirla ni desresponsabilizarla. En el campo educativo y de la salud mental, esto implica reconocer que no hay acompañamiento posible sin la presencia de profesionales formados, identificables y responsables de sus intervenciones. 

En este sentido, advertimos que la introducción de dispositivos algorítmicos en ámbitos sensibles como la escuela, sin el debido respaldo de equipos profesionales, puede derivar en procesos de desubjetivación, simplificación de la complejidad psíquica y debilitamiento del lazo social. La escucha clínica, la intervención situada y la construcción de estrategias colectivas no son sustituibles por respuestas automatizadas, por más sofisticadas que estas se presenten. 

Por ello, compartimos plenamente la posición del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos en  cuanto a la necesidad de fortalecer los equipos interdisciplinarios y territoriales, que cotidianamente sostienen el trabajo con niñas, niños, adolescentes y comunidades educativas. Son  las y los profesionales quienes, desde su formación y compromiso ético, pueden dar cuenta de  la complejidad de los procesos subjetivos, las condiciones sociales y las tramas vinculares que  atraviesa la experiencia educativa.

Asimismo, destacamos y reivindicamos la tarea cotidiana de las y los colegas en el sistema  educativo, muchas veces desarrollada en condiciones adversas, pero con una profunda res ponsabilidad en la promoción de la salud mental, la inclusión y el cuidado de los vínculos. 

En este marco, la FePRA solicita al gobierno de la provincia de Entre Ríos que revise la  implementación del programa en cuestión y convoque de manera urgente a las instituciones profesionales, académicas y científicas especializadas, a fin de construir políticas públicas par ticipativas con perspectiva de derechos y con centralidad en el trabajo humano. 

Sin participación, sin profesionales y sin anclaje territorial, no hay política pública legítima  en salud mental ni en educación. 

Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FePRA) Buenos Aires, marzo de 2026

“Ni flores ni bombones, las mujeres queremos derechos«

Cada 8M hacemos memoria recordando las históricas luchas por la igualdad de derechos, condiciones laborales justas y una vida libre de violencias. A más de 118 años de las históricas protestas de las mujeres en New York, seguimos reclamando por iguales derechos: la jornada de ocho horas, el descanso, el derecho a huelga y organización, así como las vacaciones y la protección frente a la enfermedad.

“Ni flores ni bombones, las mujeres queremos derechos”, se plantea desde hace años por parte del movimiento de mujeres y los transfeminismos. No obstante, hoy esta consigna adquiere un valor especial en momentos en los que los derechos adquiridos durante un siglo parecen esfumarse con la reciente aprobación en nuestro país de la Reforma Laboral. 

La necesidad de una reforma laboral fue interpretada no en favor de trabajadoras sino en su contra.

Algunos de los principales impactos de la Reforma Laboral para las trabajadoras serían: 

-La falta de una regulación integral de licencias y la reducción de las tareas de cuidado (licencias de maternidad breves y paternales de solo 2 días) recaerían sobre las mujeres, dificultando su permanencia y desarrollo laboral.

– Con el llamado “banco de horas” y la modificación de la indemnización por el «Fondo de Cese Laboral» se afectarían la estabilidad y los ingresos de las trabajadoras, agravando las ya existentes brechas de género.

-La reducción de ingresos por los recortes previsionales y los cambios en las negociaciones colectivas amenazan con reducir los salarios en sectores feminizados y en hogares monomarentales. 

-El riesgo de que las licencias por enfermedad deriven en la disminución del salario, que perjudicaría más a las mujeres, quienes suelen tener empleos más informales. 

-El desfinanciamiento y la derogación de la gran mayoría de las políticas públicas de cuidados, afectaría la autonomía económica femenina.

Como profesionales de la salud mental, nuestro compromiso ético nos convoca a integrar la perspectiva de género en nuestras prácticas reconociendo el impacto de las desigualdades en el bienestar subjetivo promoviendo así, espacios seguros, respetuosos y basados en derechos. 

Desde la Comisión Nacional de Géneros, Diversidades y Disidencias de la FePRA invitamos a participar de las movilizaciones por el 8M y de las distintas acciones que se llevarán a cabo en todo el país.

Texto de la Comisión Nacional de Géneros, Diversidades y Disidencias de la FePRA