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Ante la amenaza de cierre inminente del Hospital Nacional de Salud Mental “Laura Bonaparte”, expresamos nuestro enérgico repudio. Esta decisión significa un retroceso en el abordaje de la salud mental y los consumos problemáticos, dejando sin atención a miles de pacientes y vulnerando el derecho a la salud de quienes dependían de esta institución como un espacio confiable que brindaba contención y tratamiento integral.

Desde su creación, el Hospital Bonaparte ha sido un modelo de atención con enfoque de derechos, según la Ley Nacional de Salud Mental. Su cierre no solo debilita la presencia del Estado en los territorios, sino que agrava la situación en el actual contexto social y económico, reinstaurando prácticas de control y encierro que tanto daño han causado a quienes sufren consumos problemáticos.

La Junta Ejecutiva, la Comisión Nacional de Salud Mental y todos los colegios y asociaciones que conformamos FePRA expresamos nuestro más sincero apoyo a Trabajadorxs, usuarixs y familiares del Hospital Laura Bonaparte y acompañamos la Marcha en Defensa de la Salud Mental y de la Salud Pública que realizarán mañana a las 10 horas desde el Hospital Garrahan.

Convocamos a colegas, trabajadorxs de la salud y a la comunidad en general a sumarse a la movilización en la ciudad de Buenos Aires y a hacer lo propio en las distintas ciudades del país, ante este grave ataque no solo contra el Hospital, si no contra sus miles de usuarios, el sistema sanitario y el derecho al acceso a la salud en general.

Señalamos a las autoridades nacionales que su deber sobre las instituciones que cuidan a la población es tomar decisiones que promuevan la mejora de sus recursos, tanto humanos como materiales, y no la ejecución de su desguace. Que la función que el pueblo les delegó en las elecciones es, entre otras, proteger las instituciones que trabajan con personas con padecimiento subjetivo, en cumplimiento con la Ley Nacional de Salud Mental.

Por último, a horas del Día Mundial de la Salud Mental y en base a la firmeza en nuestras convicciones, llamamos a seguir sosteniendo la defensa de los derechos de toda la comunidad en las instancias que corresponda.

En el Día Mundial de la Salud Mental, con una actualidad compleja que plantea diversos desafíos, reivindicamos nuestro compromiso con el paradigma de derechos iniciado formalmente por la Ley de Salud Mental N°26.657, cuya letra y recorrido hacia su sanción resultan ejemplares en la materia.

En la comprensión de que resta mucho aún para su completa aplicación, por la que seguimos trabajando, subrayamos el reconocimiento indispensable de los avances sin precedentes que ha permitido y sostenemos la necesidad de dotar sus previsiones con más espacios y recursos que hagan posible un acceso amplio a la atención más adecuada.

En momentos en que la gestión de lo público parece tener como punto de partida el cuestionamiento antes que la garantía del cumplimiento de los derechos, creemos más que nunca en la necesidad de mantener en alto nuestras banderas irrenunciables, como lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia colectiva.

Compartimos un texto elaborado por integrantes de la Comisión Nacional de Educación en el marco del plan de lucha federal en defensa de la Educación y la Universidad Pública.

¿Por qué marchamos?

La educación superior es un derecho universal y a lo largo de la historia argentina nos movilizamos cuando está en peligro nuestra universidad pública. Desde la política actual, el congelamiento y desfinanciamiento del presupuesto para la Universidad pública nos muestra que un bien público como es nuestra educación universitaria, reconocida en el mundo, está en su momento más crítico. 

Quienes nos formamos en ella, quienes seguimos trabajando en ella, quienes apuestan sostener el proyecto de generaciones que sueñan con transitar las universidades para un futuro diferente y con posibilidades, hoy defendemos la universidad pública. 

Invitamos a colegiados y colegiadas de cada rincón del país a marchar este Miércoles 02 de Octubre, porque tenemos claro que:

• Marchamos para defender el futuro porque está en peligro el porvenir.
• Marchamos para agradecerle lo que nos posibilitó entre generaciones: experiencias, contención y el orgullo de haber estado en ella.
• Marchamos por nuestras juventudes y por nuestras niñeces, por los que están y por los que vendrán.
• Marchamos porque no estamos dispuestos a perder un futuro con dignidad y porque tantos otros también puedan ser parte de esa experiencia.
• ¡Marchamos por nuestro pasado, presente y futuro!

Desde la Comisión de Psicología de las Personas Mayores de la Federación expresamos nuestro más enérgico repudio a la violencia represiva sufrida esta semana por personas mayores frente a las puertas del Congreso de la Nación.

Hacemos saber que acompañamos a nuestros mayores en su legítimo reclamo, recordando que en Argentina la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores cuenta con jerarquía constitucional.

En ese cuerpo normativo se encuentran enunciados de forma explícita entre otros, los derechos a recibir un buen trato y a la atención preferencial que gozan las personas mayores, así como sus derechos políticos, de reunión y de asociación.

Esto garantiza la legítima participación de este sector en la vida política y pública en igualdad de condiciones, sin ser objeto de discriminación por motivo de edad o padecer cualquier clase de maltrato o ataque.

Por último, reiteramos nuestro repudio a la violencia ejercida contra nuestras personas mayores y toda otra acción que vulnere sus derechos fundamentales y reafirmamos nuestro compromiso en la promoción y defensa de los mismos, en la convicción de que sin respeto a los derechos humanos no hay salud.

Desde la Comisión Nacional de Géneros, Diversidades y Disidencias de FePRA manifestamos nuestra preocupación y repudiamos esta posición contraria a la ley y marcadamente anti-derechos que asumió con toda ligereza el ministro de Justicia Cúneo Libarona al afirmar “Rechazamos la diversidad e identidades sexuales que no se alinean con la biología”.

El ministro se expresó de esta manera ante la Comisión de Género y Diversidades de la Cámara de Diputados de la Nación, desconociendo la legislación que en nuestro país protege los derechos de diversidades y disidencias.

Consideramos que esta posición, además, estimula los discursos de odio habilitando las prácticas violentas contra estos colectivos que han costado la vida a varixs compañerxs.  Nos preguntamos qué tipo de justicia promueve un ministro de justicia que desconoce las leyes que debe hacer cumplir. Enfatizamos la importancia de respetar y hacer cumplir las leyes vigentes en Argentina.

Exigimos justicia por los hechos de violencia por motivos de género que cuestan la vida a mujeres y disidencias.

Exigimos que el ministro Cúneo Libarona se retracte públicamente.

Reclamamos por la continuidad de las políticas de género y denunciamos su desmantelamiento y vaciamiento.

Conmemoramos el Día Nacional del/la Psicólogo/a Víctima del Terrorismo de Estado en Argentina en recuerdo del 8 de agosto de 1978, fecha en la cual la Psicóloga Beatriz Perosio,  Presidenta de APBA y primera Presidenta de FePRA, fue secuestrada, torturada y desaparecida por la Dictadura Cívico Militar en nuestro país.

Beatriz Perosio es reconocida por su militancia política y gremial, su postura personal y profesional en la defensa irrestricta de los derechos humanos, y por la concepción de la Psicología en tanto práctica participativa e involucrada con la realidad; asumiendo en ese marco nuestra  identidad de trabajadoras y trabajadores de la Salud Mental.

Es una fecha de reivindicación de todas/os las/os psicólogas/os y estudiantes de psicología que se comprometieron como agentes de transformación social, y por eso mismo fueron perseguidxs, detenidxs, desaparecidxs o exiliadxs durante el terrorismo de estado.

En 2024, presenciamos con alarma y repudiamos enfáticamente el corrimiento del Estado como garante de derechos, su posicionamiento reivindicatorio de los delitos de Lesa Humanidad, el despliegue de los discursos de odio y la incitación a prácticas violentas;  implicando todo esto una ruptura con la continuidad de las políticas de derechos humanos, en tanto políticas de Estado, conquistadas en años anteriores; e instalando una metodología de vulneración sistemática del sistema democrático.

Ante esto consideramos nuestra responsabilidad como trabajadoras y trabajadores de la salud atravesada/os por el compromiso ético y político, no sólo persistir en el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia sino también sostener la concepción de Salud Mental en el marco del paradigma de los DDHH en clave colectiva, reivindicando la transformación social en un marco de derecho.

COMPAÑERAS/OS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO, PRESENTES.

¡¡¡ AHORA Y SIEMPRE !!!

Comisión Nacional de Derechos Humanos

Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Junta Ejecutiva de la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina manifestamos nuestra preocupación y repudio por el ingreso al Congreso de la Nación del Proyecto de Ley de Modificación del Régimen Penal Juvenil, en el entendimiento de que la sanción del mismo representaría una enorme regresión en materia de derechos ganados y un profundo menoscabo al respeto y efectiva garantía del desarrollo de vida de los NNYA.

Consideramos que esta respuesta frente a gravísimos hechos, es una estrategia que sólo aporta a una escalada de violencia que lejos de resolver el problema, lo incrementa.

La estrategia punitiva no se centra en la lucha contra el delito sino principalmente en la segregación y represión diaria de los sectores más vulnerables de la población.

Desde nuestra concepción profesional comprendemos que bajar la edad de punibilidad, lejos de representar una solución innovadora, un abordaje integral o un avance en materia de derechos, es el retorno a un paradigma perimido que se ha mostrado ineficaz para garantizar mayor seguridad y por el contrario, pretender resolver el problema de jóvenes que delinquen a partir de medidas represivas deja al descubierto la ausencia de políticas públicas que deberían brindar promoción y protección de derechos a nuestrxs niñxs y adolescentes.

En una entrevista realizada en 2009 a Silvia Bleichmar en el que se debatía el tema, ella expresaba: «La delincuencia juvenil, o infantil, es el síntoma más preocupante de nuestra sociedad actual, ya que pone de relieve el fracaso no de la familia individual, sino de las instancias «parentales» del país, vale decir de protección: judiciales, legislativas, de gobierno, en su carácter de entorno constituyente y protector de la sociedad civil. Remitir a la responsabilidad de la familia individual es un nuevo modo de desresponsabilización de quienes deberían sentirse responsables!”.

La única manera real de prevenir en seguridad es a través de políticas integrales y que tengan su base en garantizar el acceso a los DDHH y abandonar las políticas que sólo apuntan a combatir los síntomas.

Exigimos la efectiva implementación de los instrumentos nacionales e internacionales en materia de protección de derechos a NNyA y el diseño de políticas públicas que atiendan a las necesidades particulares de las Infancias,  prevenga situaciones de vulnerabilidad, garantice techo y comida, asegure la educación libre y gratuita, promueva los espacios de libre desarrollo a la creatividad y recreación, fortalezca sus círculos familiares y afectivos y las redes sociales para la socialización.

Desde La Comisión Nacional de Derechos Humanos repudiamos enérgicamente la visita que legisladores que integran el partido La Libertad Avanza efectuasen el día 16 de julio de 2024 a un grupo de militares condenados por la justicia argentina, por crímenes contra la humanidad. 

La visita realizada por los diputados Beltrán Benedit (Entre Ríos), María Fernanda Araujo (CABA), Guillermo Montenegro (CABA), Lourdes Arrieta (Mendoza) y Alida Ferreyra (CABA) da cuenta del desprecio de esos dirigentes por las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, asumidas por la inmensa mayoría de nuestro pueblo, y por la lucha inclaudicable del movimiento de Derechos Humanos por juicio y castigo a todos los responsables del terrorismo de Estado que asoló a nuestro país en la historia reciente y es una evidente reivindicación de esos crímenes y a sus perpetradores, todos condenados en procesos absolutamente justos, transparentes, llevados a cabo con todas las garantías de la ley, valorados enormemente en el mundo entero. 

Pedimos a todos los cuerpos legislativos que nos acompañen en el repudio y denuncia de este grave hecho. La sociedad argentina y las generaciones por venir tienen derecho a saber qué valores sostienen las diputadas y diputados que los representan.