Declaraciones

Desde nuestra Federación, consideramos que los hechos de público conocimiento ocurridos en San Cristóbal, Santa Fe nos convocan a producir una lectura que contemple la complejidad de las adolescencias actuales y las condiciones en las que se configuran sus experiencias.

Nuestra posición se construye a partir de desarrollos teóricos y clínicos que permiten pensar estos emergentes más allá de miradas simplificadoras o respuestas centradas en la sanción. En este marco, retomamos aportes de la Dra. Ana Bloj, que orientan y enriquecen esta perspectiva.

Entendemos que no se trata de ubicar responsabilidades de manera lineal en familias o instituciones educativas, ni de patologizar procesos propios de la constitución psíquica. Por el contrario, resulta necesario abrir preguntas sobre el entorno en el que crecen las adolescencias hoy.

Nos encontramos ante subjetividades atravesadas por una experiencia fuertemente mediada por lo digital, donde las fronteras entre lo virtual y lo material se vuelven cada vez más difusas. Donde aquello que no logra ser tramitado en la casa o en la escuela encuentra expresión en los entornos digitales, que funcionan como escenarios de manifestación de lo que sucede “debajo del radar”

A su vez, estas experiencias no pueden pensarse por fuera de un contexto más amplio, en el que abundan discursos sociales o políticos de adultos que habilitan o legitiman formas de violencia y crueldad, impactando en los modos de vinculación y en la constitución de referencias simbólicas.

Desde esta perspectiva, consideramos que la responsabilidad no puede recaer exclusivamente sobre quienes atraviesan estas situaciones. Se vuelve imprescindible interrogar el lugar de los grandes productores de sentido y de los dispositivos que estructuran la experiencia contemporánea, sin dejar de reconocer que el compromiso de escucha y acompañamiento es una tarea colectiva.

Lejos de respuestas punitivas, proponemos leer estos hechos como expresiones de un malestar que requiere ser alojado. Para muchas adolescencias, lo que sucede en los entornos digitales no es ajeno a su vida, sino una dimensión central de la misma.

Cuidar la salud mental implica, entonces, generar condiciones de presencia, escucha y acompañamiento también en esos territorios, reconociendo las formas actuales del padecimiento y asumiendo la responsabilidad social de construir respuestas más humanas y sostenidas.

La Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FePRA) expresa su  pleno acompañamiento al posicionamiento público del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos frente a la reciente implementación, por parte del gobierno provincial, de un programa basado en inteligencia artificial orientado al apoyo de docentes y estudiantes. 

En primer lugar, manifestamos nuestra profunda preocupación por el carácter inconsulto  de la medida adoptada, que omite la participación de las instituciones profesionales, académicas y científicas con trayectoria en el campo de la salud mental, la educación y la niñez. Las  transformaciones que involucran procesos subjetivos, prácticas pedagógicas y abordajes en salud mental no pueden ser definidas unilateralmente ni reducidas a decisiones de carácter meramente tecnológico o administrativo. Requieren, por el contrario, de instancias de debate  plural, interdisciplinario y con anclaje territorial. 

Tal como señalan diversos desarrollos contemporáneos -entre ellos el informe “La época  de la IA: complementariedades entre humanos y máquinas en acción” de la MIT Sloan School  of Management-, la incorporación de tecnologías basadas en inteligencia artificial solo resulta social y éticamente válida en la medida en que complemente y fortalezca la acción humana, sin sustituirla ni desresponsabilizarla. En el campo educativo y de la salud mental, esto implica reconocer que no hay acompañamiento posible sin la presencia de profesionales formados, identificables y responsables de sus intervenciones. 

En este sentido, advertimos que la introducción de dispositivos algorítmicos en ámbitos sensibles como la escuela, sin el debido respaldo de equipos profesionales, puede derivar en procesos de desubjetivación, simplificación de la complejidad psíquica y debilitamiento del lazo social. La escucha clínica, la intervención situada y la construcción de estrategias colectivas no son sustituibles por respuestas automatizadas, por más sofisticadas que estas se presenten. 

Por ello, compartimos plenamente la posición del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos en  cuanto a la necesidad de fortalecer los equipos interdisciplinarios y territoriales, que cotidianamente sostienen el trabajo con niñas, niños, adolescentes y comunidades educativas. Son  las y los profesionales quienes, desde su formación y compromiso ético, pueden dar cuenta de  la complejidad de los procesos subjetivos, las condiciones sociales y las tramas vinculares que  atraviesa la experiencia educativa.

Asimismo, destacamos y reivindicamos la tarea cotidiana de las y los colegas en el sistema  educativo, muchas veces desarrollada en condiciones adversas, pero con una profunda res ponsabilidad en la promoción de la salud mental, la inclusión y el cuidado de los vínculos. 

En este marco, la FePRA solicita al gobierno de la provincia de Entre Ríos que revise la  implementación del programa en cuestión y convoque de manera urgente a las instituciones profesionales, académicas y científicas especializadas, a fin de construir políticas públicas par ticipativas con perspectiva de derechos y con centralidad en el trabajo humano. 

Sin participación, sin profesionales y sin anclaje territorial, no hay política pública legítima  en salud mental ni en educación. 

Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FePRA) Buenos Aires, marzo de 2026

“Ni flores ni bombones, las mujeres queremos derechos«

Cada 8M hacemos memoria recordando las históricas luchas por la igualdad de derechos, condiciones laborales justas y una vida libre de violencias. A más de 118 años de las históricas protestas de las mujeres en New York, seguimos reclamando por iguales derechos: la jornada de ocho horas, el descanso, el derecho a huelga y organización, así como las vacaciones y la protección frente a la enfermedad.

“Ni flores ni bombones, las mujeres queremos derechos”, se plantea desde hace años por parte del movimiento de mujeres y los transfeminismos. No obstante, hoy esta consigna adquiere un valor especial en momentos en los que los derechos adquiridos durante un siglo parecen esfumarse con la reciente aprobación en nuestro país de la Reforma Laboral. 

La necesidad de una reforma laboral fue interpretada no en favor de trabajadoras sino en su contra.

Algunos de los principales impactos de la Reforma Laboral para las trabajadoras serían: 

-La falta de una regulación integral de licencias y la reducción de las tareas de cuidado (licencias de maternidad breves y paternales de solo 2 días) recaerían sobre las mujeres, dificultando su permanencia y desarrollo laboral.

– Con el llamado “banco de horas” y la modificación de la indemnización por el «Fondo de Cese Laboral» se afectarían la estabilidad y los ingresos de las trabajadoras, agravando las ya existentes brechas de género.

-La reducción de ingresos por los recortes previsionales y los cambios en las negociaciones colectivas amenazan con reducir los salarios en sectores feminizados y en hogares monomarentales. 

-El riesgo de que las licencias por enfermedad deriven en la disminución del salario, que perjudicaría más a las mujeres, quienes suelen tener empleos más informales. 

-El desfinanciamiento y la derogación de la gran mayoría de las políticas públicas de cuidados, afectaría la autonomía económica femenina.

Como profesionales de la salud mental, nuestro compromiso ético nos convoca a integrar la perspectiva de género en nuestras prácticas reconociendo el impacto de las desigualdades en el bienestar subjetivo promoviendo así, espacios seguros, respetuosos y basados en derechos. 

Desde la Comisión Nacional de Géneros, Diversidades y Disidencias de la FePRA invitamos a participar de las movilizaciones por el 8M y de las distintas acciones que se llevarán a cabo en todo el país.

Texto de la Comisión Nacional de Géneros, Diversidades y Disidencias de la FePRA

Desde la FePRA manifestamos nuestro rechazo al proyecto de reforma del régimen penal juvenil, que contempla la baja de la edad de imputabilidad de los menores a 14 años, y sostenemos que esta propuesta es un eslabón más en el desconocimiento de las necesidades de las infancias y adolescencias

Nuestra posición se nutre del aporte invalorable del pensamiento y el trabajo de nuestra colega Beatriz Janín, una de las máximas referentes del país en temas de infancias y adolescencias. Decimos, con ella, que la adolescencia es un momento de resignificación vital en el que los apoyos externos pasan a ser fundamentales. Es el mundo el que tiene que ayudar a sostener la imagen cambiante de sí, la caída de la propia imagen. El modo en que los y las adolescentes transiten este tiempo dependerá, en gran medida, de que encuentren reaseguros en el mundo externo y a la vez que el contexto les ofrezca un espacio de sostén y despliegue de posibilidades. Escuela, club, grupo de amigos son los sostenes narcisistas imprescindibles.
Sabemos que lo más insoportable para un niño es no ser mirado ni atendido. Para un adolescente, ser “ninguneado” socialmente lo deja en un lugar insufrible.
Entonces, la realidad socio-cultural es determinante en los avatares de la adolescencia, tal vez la época de la vida en la que el contexto social tenga más importancia.
Vivimos en una sociedad en la que muchos adolescentes son invisibles a menos que realicen una acción auto o hétero destructiva.
Un adolescente no es un adulto.
Decir “delito de adulto, castigo de adulto” es una brutalidad inaceptable.
Todo adolescente está regido por pasiones, terrores y lógicas diferentes a las de los adultos y confundir sus reacciones y funcionamientos con los de los adultos nos lleva por un camino complicado, de negación de diferencias. Por eso, desconocer el momento vital por el que están pasando constituye en sí mismo una forma de ataque a las y los adolescentes.
Este presente distópico, brutal y deshumanizante nos pone frente a un problema mucho más grave que la delincuencia adolescente (que no es estadísticamente significativa): muchos adolescentes se suicidan y otros se autolesionan de diferentes modos. En vez de preocuparse por esto, el gobierno corre de lugar el problema, ubicando a los adolescentes como peligrosos.
Todo adolescente es impredecible. Es impulsivo y busca riesgos. Es por esto que no pueden ser juzgados como adultos, que deben ser escuchados, que no son mayores castigos los que pueden hacer que no cometan transgresiones.
En una sociedad que los impulsa a tener dinero del modo que sea, en un mundo en el que el consumo ocupa un lugar privilegiado, se los quiere ubicar como punibles desde edades muy tempranas, en lugar de posibilitarles salidas vitales, creativas, proyectos colectivos y un futuro posible.
Mientras tanto, se desfinancian escuelas, hospitales y universidades públicas.
“No hay plata”, repiten los funcionarios oficiales como un mantra, frente a reclamos para sostener equipos de salud, pagar tratamientos o establecer salarios docentes mínimamente dignos. ¿Pero sí hay plata para construir cárceles para nuestros pibes y pibas?
Lo repetimos: no son mayores castigos los que pueden modificar la conducta de un adolescente.
Para cerrar, tomamos de nuevo la palabra dicha y escrita innumerables veces por Beatriz Janín:
Niñas, niños y adolescentes no son adultos. Y necesitan una sociedad en la que reine el cuidado del otro y no la crueldad.
Niñas, niños y adolescentes necesitan ser escuchados y que se les posibilite un lugar en el mundo.
Niñas, niños y adolescentes tienen que tener espacios en los que desplegar sus posibilidades.
Niñas, niños y adolescentes no necesitan cárceles, sino más escuelas, más clubes, más espacios de inserción grupal. Necesitan ser escuchados y no puramente sancionados. Y que se les posibiliten salidas creativas, en las que sientan que son tomados en cuenta, frente a tanta intemperie.

La Junta Ejecutiva, como representante de la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FePRA), sostiene que no puede haber salud mental sin justicia social, sin un sistema judicial confiable, y sin instituciones que garanticen el pleno ejercicio de la ciudadanía. La naturalización de prácticas persecutorias bajo la apariencia de legalidad configura una amenaza a la estabilidad democrática y al marco institucional del país.

Desde un enfoque ético-profesional y en consonancia con los principios rectores de nuestra práctica —entre ellos, la defensa irrestricta de los derechos humanos, la promoción del bienestar psicosocial y la consolidación de un Estado democrático de derecho—, advertimos que el uso instrumental del Poder Judicial como mecanismo de disciplinamiento político —práctica reconocida internacionalmente bajo la categoría de lawfare— produce efectos desestabilizantes en el tejido social y genera estados de incertidumbre, desconfianza institucional y afectación del lazo social, al instalar la percepción de arbitrariedad y manipulación del sistema democrático. 

Estos procesos debilitan la legitimidad de las instituciones y erosionan la cohesión comunitaria, generando un contexto propicio para la anomia social y la desesperanza aprendida.

La patologización del disenso político, el hostigamiento sistemático mediático y judicial hacia una figura representativa de un amplio sector de la ciudadanía, y la deslegitimación de sus aportes históricos al proceso democrático argentino, no son hechos aislados ni neutros. Se inscriben en una lógica regresiva que atenta contra el principio de soberanía popular, y promueven una cultura del odio y de la desafección democrática, cuyos efectos a mediano y largo plazo sobre la salud mental comunitaria son ampliamente documentados en la literatura psicosocial.

En este contexto, expresamos nuestra preocupación por la utilización del sistema judicial con fines proscriptivos y el repudio a toda forma de persecución política que atente contra la representación democrática. Sostenemos, por tanto,  la necesidad urgente de fortalecer una justicia imparcial, respetuosa del debido proceso, que actúe con independencia y responsabilidad ética.

Convocamos, entonces, a los distintos actores institucionales, profesionales y académicos a rechazar toda práctica que debilite el Estado de Derecho y a defender el derecho de todas las personas a un juicio justo, sin injerencias ni prejuicios ideológicos y a sostener con firmeza el respeto por las garantías constitucionales, la preservación de las instituciones democráticas y la construcción de una sociedad basada en el reconocimiento y la inclusión, condiciones indispensables para una vida psíquica y social saludable.

Junta Ejecutiva de la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina

Junio de 2025

La Federación de Psicólogos y Psicólogas de la República Argentina (FePRA) expresa su más enérgico rechazo a la Resolución 1641/2025 del Ministerio de Salud de la Nación, la cual establece la suficiencia de la matrícula nacional para el ejercicio profesional de la salud en organismos e instituciones del Estado Nacional, cualquiera sea su jurisdicción territorial.
Esta medida, que desconoce la potestad de los Colegios Profesionales provinciales en el control de la matrícula dentro de sus respectivos territorios, constituye un grave retroceso en la organización y regulación de nuestra profesión, y atenta directamente contra la función social que históricamente han ejercido nuestras instituciones colegiadas en la defensa de la salud pública y el bienestar de la comunidad.
Resulta inadmisible que a través de dicha Resolución, ignorando la autonomía y las competencias constitucionales de las provincias, así como el rol de los Colegios, se genere un trato inequitativo entre colegas que ejercen en una misma jurisdicción provincial, empujando a quienes se desempeñan en dependencias nacionales a realizar su tarea sin el acompañamiento del colegio, y sin la supervisión ética de su práctica, sin las capacitaciones y actualizaciones profesionales que los colegios ofrecen permanentemente, a diferencia de sus pares.
Esta diferenciación no solo fractura la unidad del colectivo profesional, sino que fundamentalmente despoja a los Colegios de Psicólogos de su rol indelegable en el control y la supervisión del ejercicio profesional en sus respectivas jurisdicciones. Es en el ámbito territorial donde los Colegios, en ejercicio de su función social y en compromiso con la salud pública, garantizan el cumplimiento de los estándares éticos y profesionales, promueven la formación continua de los colegas y velan por la calidad de la atención psicológica que se brinda a la ciudadanía.
La pretensión de centralizar la matriculación a nivel nacional, soslayando la presencia territorial y la labor de los Colegios, debilita los mecanismos de protección de la salud de la población. Son los Colegios quienes, con su conocimiento del contexto local y su cercanía con los profesionales, pueden ejercer un control efectivo y oportuno, crucial para la prevención de malas prácticas y la defensa de los derechos de los usuarios de los servicios de salud mental.
Desde la FePRA, reafirmamos que la colegiación provincial no es un mero trámite administrativo, sino una herramienta fundamental para asegurar el compromiso de los profesionales con la salud pública, el cuidado de los ciudadanos y la jerarquización de nuestra disciplina. La Resolución 1641/2025, al menoscabar la autoridad de los Colegios en sus territorios, pone en riesgo estos principios esenciales.
Por todo lo expuesto, exigimos la urgente revisión y derogación de la Resolución 1641/2025 del Ministerio de Salud de la Nación, en defensa de la autonomía de los Colegios Profesionales, la igualdad entre los profesionales, y fundamentalmente, en resguardo de la salud pública y el bienestar de la sociedad argentina.