Declaraciones

La Federación de Psicólogos y Psicólogas de la República Argentina (FePRA) expresa su más enérgico rechazo a la Resolución 1641/2025 del Ministerio de Salud de la Nación, la cual establece la suficiencia de la matrícula nacional para el ejercicio profesional de la salud en organismos e instituciones del Estado Nacional, cualquiera sea su jurisdicción territorial.
Esta medida, que desconoce la potestad de los Colegios Profesionales provinciales en el control de la matrícula dentro de sus respectivos territorios, constituye un grave retroceso en la organización y regulación de nuestra profesión, y atenta directamente contra la función social que históricamente han ejercido nuestras instituciones colegiadas en la defensa de la salud pública y el bienestar de la comunidad.
Resulta inadmisible que a través de dicha Resolución, ignorando la autonomía y las competencias constitucionales de las provincias, así como el rol de los Colegios, se genere un trato inequitativo entre colegas que ejercen en una misma jurisdicción provincial, empujando a quienes se desempeñan en dependencias nacionales a realizar su tarea sin el acompañamiento del colegio, y sin la supervisión ética de su práctica, sin las capacitaciones y actualizaciones profesionales que los colegios ofrecen permanentemente, a diferencia de sus pares.
Esta diferenciación no solo fractura la unidad del colectivo profesional, sino que fundamentalmente despoja a los Colegios de Psicólogos de su rol indelegable en el control y la supervisión del ejercicio profesional en sus respectivas jurisdicciones. Es en el ámbito territorial donde los Colegios, en ejercicio de su función social y en compromiso con la salud pública, garantizan el cumplimiento de los estándares éticos y profesionales, promueven la formación continua de los colegas y velan por la calidad de la atención psicológica que se brinda a la ciudadanía.
La pretensión de centralizar la matriculación a nivel nacional, soslayando la presencia territorial y la labor de los Colegios, debilita los mecanismos de protección de la salud de la población. Son los Colegios quienes, con su conocimiento del contexto local y su cercanía con los profesionales, pueden ejercer un control efectivo y oportuno, crucial para la prevención de malas prácticas y la defensa de los derechos de los usuarios de los servicios de salud mental.
Desde la FePRA, reafirmamos que la colegiación provincial no es un mero trámite administrativo, sino una herramienta fundamental para asegurar el compromiso de los profesionales con la salud pública, el cuidado de los ciudadanos y la jerarquización de nuestra disciplina. La Resolución 1641/2025, al menoscabar la autoridad de los Colegios en sus territorios, pone en riesgo estos principios esenciales.
Por todo lo expuesto, exigimos la urgente revisión y derogación de la Resolución 1641/2025 del Ministerio de Salud de la Nación, en defensa de la autonomía de los Colegios Profesionales, la igualdad entre los profesionales, y fundamentalmente, en resguardo de la salud pública y el bienestar de la sociedad argentina.

Las luchas de las mujeres en el mundo, están logrando que el 8M deje de ser otra fecha comercial que oculta las reivindicaciones que la originaron y legitiman como una de las efemérides más importantes en la agenda nacional e internacional por los derechos de las mujeres. Tenemos presente la movilización de miles de obreras textiles que el 8 de marzo de 1857 marcharon por Nueva York exigiendo mejores condiciones laborales, la reducción de la jornada y la eliminación del trabajo infantil. Estos sucesos dieron lugar al Día de la mujer trabajadora en 1907.

 Muchos años más tarde la ONU (1977) declara el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Esta  fecha, que en algunos países es feriado nacional y en otros convoca a un paro internacional, es un día que recuerda y pone de relieve la lucha por los derechos de las mujeres, los feminismos y la violencia ejercida por los machismos a lo largo de la historia.  Aunque el Estado argentino nunca logró saldar totalmente la deuda secular con las mujeres y diversidades, hasta hace poco menos de un año, había reducido la desigualdad de derechos con las mujeres, y, en algún sentido, era un ejemplo en materia de normativas, leyes y políticas públicas que buscaban equilibrar la inclinada balanza de la historia. Lamentablemente, en la Argentina de hoy cobra actualidad aquel viejo cántico de los Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM): “Con mujeres que caminan pa´ delante y un gobierno que camina para atrás…”.   Las mujeres, los feminismos y el movimiento LGBTTIQNB+ continuamos denunciando las crueldades que amenazan nuestras vidas o las vuelven precarias, poco vivibles. Con la convicción y la potencia de siempre, continuamos exigiendo nuestros derechos hacia futuros más solidarios, hacia vidas más vivibles.

Este contexto nacional, nos lleva a luchar por lo que se perdió o corre riesgo de perderse en lugar de luchar por lo que falta. Algunos de los indicios que enumeramos a continuación dan cuenta de ello:

– La desarticulación y denostación de las políticas públicas de género y diversidades, que pone en riesgo nuestras vidas y nuestra salud mental.

-La instalación de discursos de odio hacia las mujeres y diversidades cargados de componentes racistas y fascistas, que ha derivado en la negación, banalización o minimización de las violencias sexistas, llegando a la puesta en duda de la figura de femicidio [i] o el planteo falaz y malintencionado de que las políticas contra las violencias buscan privilegios, cuando en realidad intentan restituir o conquistar derechos.

– Otro pendiente: continúa el histórico desconocimiento de la brecha salarial, a lo que también se suma la probable ausencia de una moratoria previsional que afectará mayormente a las mujeres.

-La desarticulación de las políticas de géneros y diversidades junto a la instalación de discursos de odio han derivado en una pérdida de institucionalización de la perspectiva de géneros, que poco a poco se constituía en parte del bagaje cultural de derechos humanos de nuestro país. Corren riesgo la implementación de la Ley Micaela y la Ley ESI.

– La eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y la degradación a Secretaria del antes Ministerio de la Mujer en la Pcia. de Córdoba, son apenas una muestra de la pérdida de institucionalidad que padecemos tanto a nivel nacional como provincial. Estas decisiones nos dejan por primera vez en 40 años sin organismo rector en políticas de género.

– El desfinanciamiento de los programas y partidas de salud, entre otros muchos aspectos, particularmente ponen en riesgo los derechos sexuales y (no) reproductivos de las mujeres y cuerpos con capacidad de gestar.  

Por todo lo anteriormente expuesto, hoy más que nunca decimos que:

 -Repudiamos estos tiempos de ajuste, hambre y crueldad para nuestro pueblo.

– Reafirmamos que sin pan, techo y trabajo no hay salud mental.

– Sostenemos que la interrupción legal del embarazo es un derecho que nos conserva con vida y con la decisión sobre nuestros cuerpos. A la clandestinidad no volvemos nunca más.

– Defendemos la educación sexual integral con perspectiva de género.

– Luchamos por una salud pública gratuita y de calidad.

– Decimos no al recorte de pensiones por invalidez.

– Exigimos un Estado presente, antifascista, antirracista y antipatriarcal.

-Exigimos políticas e institucionalidad de género contra la violencia machista, la desigualdad y la discriminación por motivos de género.

En el año N °30 de la Declaración de Beijing, este 8M nos brinda una oportunidad para levantarnos y exigir, que se cumpla lo dispuesto en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing para conseguir un mundo igualitario y mejor para todas las personas. 

Desde la Comisión de Géneros, Diversidades y Disidencias en conjunto con la Comisión de Salud Mental y la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina sostenemos que la Salud mental está en los derechos, que éstos son inalienables e interdependientes, por lo tanto, sin equidad de géneros, e igualdad de oportunidades para las mujeres y las diversidades sexogenéricas la Salud Mental y los Derechos Humanos se tornan abstractos. 

Convocamos a sumarse a las marchas y acciones que se vienen organizando en todo el país en el marco del 8 de marzo. 

27/06/2024, Arequipa, Perú 

Desde la Reunión de Colegios y Consejos Reguladores de Psicología de América del Sur e Invitados – 27/06/2024

A través de los debates traídos por los Colegiados y Consejos Reguladores de Psicología que participaron en el IX Congreso Regional de Psicología, celebrado en Arequipa, Perú, el 27 de junio de 2024, se proponen los siguientes puntos:

• Trabajar para el apoyo mutuo entre las sociedades y colegios, y consejos de psicología, para el beneficio gremial 

Trabalhar pelo apoio mútuo entre sociedades e escolas, e conselhos de psicologia, em benefício do sindicato.

• Trabajar para el apoyo mutuo entre las sociedades y colegios, y consejos de psicología  para acciones de beneficio y compromiso social y responsabilidad profesional.

Trabalhar para o apoio mútuo entre sociedades e escolas, aconselhamento psicológico para ações benéficas e compromisso social e responsabilidade profissional.

• Las y los profesionales deben ser partícipes en la generación de políticas públicas relacionadas a la salud mental y los derechos humanos. 

As e os profissionais devem ser participantes na geração de políticas públicas relacionadas à saúde mental e aos direitos humanos.

• Llamado a que la formación y la enseñanza en Psicología contenga asignaturas relacionadas con las políticas públicas, derechos humanos, nuevas tecnologías y epistemologias plurales

Convoca que a formação e o ensino em Psicologia contenham disciplinas relacionadas a políticas públicas, direitos humanos, novas tecnologias e epistemologias plurais..

• Realizar esfuerzos para que la Psicología, en sus representaciones nacionales, ocupe posiciones estratégicas en el Estado.

Esforçar-se para que a Psicologia, nas suas representações nacionais, ocupe posições estratégicas no Estado.

• Iniciar la formación de la red de Colegios y Consejos Reguladores de Psicología de America Latina y Caribe.

Iniciar a formação da rede de Colégios e Conselhos Reguladores de Psicologia da América Latina e do Caribe.

COLEGIOS, CONSEJOS E INVITADOS PRESENTES:

Sociedad Interamericana de Psicología (SIP): Julio C.  Penagos Corzo.

Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología (ALFEPSI): Alicia Risueño, Karen Pérez Maraví.

Unión Latino-Americana de Entidades de Psicología (ULAPSI): Carolina Moll Cerizola.

Argentina – Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FEPRA): Carolina del Fresno, Ezequiel de la Torre.

Brasil – Conselho Federal de Psicologia (CFP): Pedro Paulo G. de Bicalho, Jefferson de S. Bernardes, Daniel Arruda Martins.

Ecuador – (CPC – Ecuador): Ana Lucia Pacurucu.

Guatemala – Colegio de Psicólogos de Guatemala (CPG): Diego Alejandro Palacios Segura.

México – Sociedad Interamericana de Psicología (SIP): Julio César Penagos Corzo.

Perú – Colegio de Psicólogos de Arequipa y Moquegua: Julio Cesar Abarca Cordero.

Colegio de Psicólogos del Perú (CPP): Miguel Ángel Vallejos Flores, Julio Cesar Abarca Cordero.

Uruguay – Coordinadora de Psicólogos del Uruguay (CPU): Carolina Moll Cerizola.

Invitados: Carmen Bettina Cuevas, Migna L. Rivera García, Ninette de von Ahn.

Desde la nueva Comisión Nacional de Psicología de las Personas Mayores, reafirmamos nuestro compromiso con la tarea de cuidado y protección de la Salud Mental de las Personas Mayores y nos pronunciamos en sintonía con la conmemoración del “Día Internacional de las Personas de Edad” (instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución A/RES/45/106 el 14 de diciembre de 1990).

El objetivo de esta conmemoración establecida el 1° de octubre, es la reivindicación “de los derechos de este grupo etario” y “sensibilizar sobre la importancia de erradicar los prejuicios para con las personas mayores, reconociendo a las vejeces como parte activa de la vida en comunidad, que contribuyen al desarrollo humano y económico”.

Como indican los datos demográficos mundiales, el envejecimiento poblacional, que abarca también a nuestro país, se manifiesta en un proceso sostenido y creciente de envejecimiento de su población sobre todo en las zonas urbanas, fenómeno este que “refuerza la importancia de reconocer, promover y garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad».

En coincidencia con los organismos internacionales, consideramos que estos componentes redundan en salud mental; es en esta tarea de resguardo del bienestar psíquico como construcción colectiva a la cual desde nuestra profesión nos abocamos y desde esta, nuestra Federación, nos comprometemos, a abordar los cuidados de la salud mental de las personas mayores enmarcadas nuestras intervenciones en la ética de la jurisprudencia actual en resguardo del bienestar como derecho humano básico y componente ineludible del estado de salud, entendido como “completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (OMS) un abordaje libre de viejismos.

Varias décadas atrás “la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, hito histórico que nos conmina y ayuda a materializar la promesa de “garantizar que todas las personas, de todas las edades, disfruten plenamente de sus derechos humanos y libertades fundamentales”, descontando que las vejeces están incluidas y desde esta comisión somos partícipes de las acciones necesarias para que ello suceda.

Expresamos y reforzamos nuestro compromiso profesional para que la práctica de nuestra disciplina siga siendo un acompañamiento para el logro del pleno disfrute de los derechos de las vejeces, así como la articulación de las intervenciones requeridas en abordajes transdisciplinarios para hacer frente a las violaciones de dichos derechos, revalorizando “el rol de las personas mayores y su papel activo en la comunidad, así como la importancia de destacar las políticas públicas que se llevan adelante hacia ese grupo etario”, propiciando gestiones que las hagan suyas.

Asimismo, nos posicionamos desde esta federación en el eje epistemológico de un abordaje con perspectiva de derechos, de equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida y de género (principios generales), el cual colabora con un “envejecimiento activo y saludable que es el proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, mental y social, de participar en actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, y de contar con protección, seguridad y atención”, enriqueciendo el objetivo de que “vivir más años sea ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida” de las personas mayores “…y permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus familias, amigos, comunidades…”.

En este entramado protectivo se torna ineludible la consideración de la Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657/2010), que abarca el derecho a la protección de la salud mental, en un marco jurídico que compromete nuestra práctica y delimita nuestra ética: se trata de una normativa que hace lazo con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y los acuerdos, convenios internacionales de los cuales nuestro país es parte, cuyo objeto es “asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental” (Artículo 1º).

Nuestra Federación se posiciona con convicción al respeto de este marco jurídico y a la puesta en práctica de las acciones que sean necesarias tanto para el resguardo de la salud mental de las personas mayores como de su acompañamiento cuando hay padecimientos, asegurando que los padecimientos nunca suponen pérdida de derechos.

Reconocemos desde esta Federación «que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración, y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades”

Comisión Nacional de Psicología de las Personas Mayores

COMUNICADO PARA DESCARGAR Y/O COMPARTIR

COMUNICADO

En el marco del Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, fecha que tiene su origen en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe desarrollado en nuestro país del 18 al 24 de Noviembre de 1990, iniciativa impulsada en el taller sobre aborto organizado por la Comisión por el Derecho al Aborto en Argentina y por las Católicas por el Derecho a Decidir de Uruguay, que también contó con la participación de feministas provenientes de varios países, entre ellos Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Perú. Demanda que tuvo por objetivo visibilizar el aborto inseguro y clandestino como primera causa de mortalidad de las personas con posibilidad de gestar en muchos de estos países, así como también potenciar el reclamo colectivo por la legalización de la práctica.

Después de décadas de debate social, de producción teórica, militante y de numerosas prácticas de salud que posibilitaron poner en agenda el aborto y los derechos sexuales desde una perspectiva en salud que no se centre exclusivamente en la reproducción y que ponga en discusión la maternidad como destino, fue posible la presentación de numerosos proyectos sobre la interrupción del embarazo en el Congreso de la Nación para que finalmente se promulgara la Ley 27.610, de “Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), obligatoriedad de brindar cobertura integral y gratuita” en vigencia desde el 24 de enero de 2021.

Destacamos los puntos más importantes de la ley:

• Las personas con posibilidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional.
• Si el proceso gestacional fuese de más de 14 semanas, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo en caso de que el mismo implicase un riesgo para su salud entendida en forma integral (bio-psico-social) y/o fuere producto de una violación.
• Toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento.
• Las personas con capacidad restringida por sentencia judicial podrán prestar su consentimiento informado sin impedimento alguno ni autorización previa, siempre que la restricción no tuviere relación con el ejercicio de los derechos que otorga la ley. Las personas que actúan como sistema de apoyo no representan ni sustituyen a la persona con discapacidad en el ejercicio de sus derechos.

Desde la Comisión Nacional de Géneros, Diversidades y disidencias de la Federación Argentina de Psicólogas y Psicólogos sostenemos que nadie puede reclamar un derecho que no conoce y que para construir sociedades más justas e igualitarias necesitamos no sólo sancionar leyes, sino también garantizar el ejercicio pleno de este derecho. Cabe señalar entonces que ello requiere no sólo de la voluntad política para regular la correcta implementación de la Ley, sino también generar políticas y dispositivos que aseguren la accesibilidad y la fiabilidad de la información.

Comisión Nacional de Géneros, Diversidades y Disidencias

COMUNICADO PARA DESCARGAR Y/O COMPARTIR

Buenos Aires, 6 de junio de 2023

LA LEY DE SALUD MENTAL Y SU PLENA IMPLEMENTACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS

A partir de los debates de los últimos días nos pronunciamos:

Desde La Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina ratificamos nuestra posición en apoyo a la plena implementación de la Ley 26.657 de Salud Mental.

A lo largo de historia de la humanidad han existido distintas formas de control sobre lo que se considera disruptivo al orden social. La exclusión, la medicalización y el aislamiento han sido algunos de esos mecanismos que contribuyeron a esa finalidad. En ningún momento se consideraba al aislado un sujeto de derecho sino alguien a quien poder controlar y someter.

En este sentido, la desmanicomialización y la instauración de dispositivos que permitan llevarla a cabo son pasos de fundamental importancia para velar por los derechos de las personas que atraviesan padecimientos mentales.

El cierre de los hospitales monovalentes tiene como una de sus finalidades que las personas con padecimientos mentales no queden aisladas y desvinculadas de su ámbito social.  La desvinculación permanente, o por períodos excesivamente largos, lejos de generar una mejoría provoca una pérdida de los lazos vinculares y de los blasones que nos constituyen como personas.

La proliferación de argumentos que tergiversan el texto de la ley y/o pretenden correr el foco de sus principios fundantes pretendiendo su modificación, solo producen confusión e incertidumbre en la comunidad. Volvemos a afirmar que el camino no es el cambio de la Ley de Salud Mental sino su plena implementación.

Consideramos imprescindible, para continuar avanzando por este camino, el trabajo conjunto entre las/los agentes que conformamos los dispositivos de atención, las/los usuarias/os, las/los familiares de usuarias/os y los organismos de contralor.

Las transformaciones referidas requieren de un fuerte compromiso político de los Estados nacionales y provinciales y, asimismo, de los diferentes equipos de salud que todos los días sostienen los múltiples espacios de abordaje y prevención de la salud mental.

La jerarquización de la labor profesional de las/los trabajadoras/es que integran los equipos de salud mental, está enlazada estratégicamente a la plena implementación de la ley.

Los equipos interdisciplinarios que a diario sostienen los abordajes de la salud mental nos reconocemos como protagonistas de las transformaciones que nuestros sistemas de salud requieren. Resulta necesario cuidar la tarea compartida entre los diferentes profesionales de la salud, desde todas las instituciones que nos nuclean.

No hay modo de pensar la salud mental escindida de los derechos de las personas.

La plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental no es contra nadie, sino que es con el trabajo de todas/os.

JUNTA EJECUTIVA