La Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina expresa su profunda preocupación frente a la iniciativa del gobierno nacional de modificar la Ley Nacional de Salud Mental, en un contexto signado por un evidente y sostenido agravamiento de los problemas de salud mental en nuestra población.
Resulta imprescindible señalar que dicho agravamiento no puede ser atribuido al marco normativo vigente. Por el contrario, la ley ha constituido un avance significativo en la construcción de un paradigma de derechos humanos en salud mental, promoviendo abordajes interdisciplinarios, comunitarios y respetuosos de la dignidad de las personas. Pretender responsabilizar a esta normativa por las actuales dificultades implica desconocer tanto su espíritu como su potencial aún no plenamente desarrollado.
El deterioro de las condiciones de salud mental en la Argentina responde, en cambio, a un proceso sistemático de desinversión en políticas públicas sanitarias y sociales. En este sentido, advertimos con preocupación el desfinanciamiento de organismos clave como el PAMI y las obras sociales, lo que restringe gravemente el acceso a prestaciones esenciales. Asimismo, el vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad compromete la continuidad de políticas destinadas a poblaciones particularmente vulnerables.
A ello se suman los despidos de profesionales en hospitales públicos, que debilitan los equipos de salud y reducen la capacidad de respuesta del sistema, y el cierre de iniciativas fundamentales como el Programa Remediar, que históricamente garantizaban el acceso a medicamentos en amplios sectores de la población. Estas medidas configuran un escenario de retracción del Estado que impacta de manera directa en la calidad y accesibilidad de los cuidados en salud mental.
En este marco, la iniciativa de modificar la ley no solo resulta inoportuna, sino que corre el riesgo de desplazar el foco del problema. No es la ley la que agrava los padecimientos subjetivos y sociales de nuestra comunidad, es la falta de inversión sostenida, la fragmentación del sistema de salud, el debilitamiento de los dispositivos territoriales y comunitarios, y el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población.
Desde esta Federación sostenemos que cualquier debate serio sobre la salud mental en la Argentina debe partir del fortalecimiento del sistema público, la ampliación del financiamiento, la jerarquización de los equipos interdisciplinarios y el pleno cumplimiento de la legislación vigente. Lejos de retroceder en derechos, es necesario profundizar el camino iniciado, garantizando su efectiva implementación en todo el territorio nacional.
Por todo lo expuesto, exhortamos a las autoridades a desistir de iniciativas regresivas y a convocar a los actores del campo de la salud mental, incluidas las organizaciones profesionales, académicas y comunitarias, a un diálogo amplio y participativo que permita construir respuestas acordes a la complejidad de la situación actual.
La salud mental no puede ser pensada por fuera de las condiciones materiales de existencia. Defenderla implica, hoy más que nunca, defender políticas públicas inclusivas, solidarias y orientadas al bienestar colectivo.