Desde la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FePRA) expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental que impulsa el gobierno nacional.
Después de más de quince años de vigencia, existen problemas que deben ser discutidos y aspectos que pueden mejorarse, y muy lejos estamos de sostener que una ley no pueda revisarse. Pero una reforma debería servir para garantizar más atención, fortalecer los servicios públicos, ampliar los equipos profesionales y desarrollar los dispositivos comunitarios que todavía faltan. El proyecto en discusión avanza, por el contrario, en una dirección que puede producir graves retrocesos para la salud mental de nuestra población.
El primer problema es la concepción misma de la salud mental que sostiene el proyecto reformador. La ley vigente entiende que el sufrimiento psíquico no puede explicarse únicamente mediante un diagnóstico individual sino que intervienen condiciones psicológicas, biológicas, familiares, económicas, sociales y culturales. El proyecto oficialista, al desplazar reiteradamente la noción de padecimiento mental hacia las categorías de afección o trastorno mental, favorece una mirada más reduccionista y medicalizadora.
Sostenemos que las personas no son diagnósticos, y que los problemas de salud mental no pueden comprenderse separándolos de las condiciones en las que las personas viven, trabajan, estudian y construyen sus vínculos.
Un segundo retroceso afecta directamente a la interdisciplina. La propuesta establece que todo equipo interdisciplinario deberá contar obligatoriamente con un médico psiquiatra. La ley actual no establece jerarquías entre las disciplinas; por el contrario, el proyecto de reforma introduce una condición que vuelve a colocar al saber médico-psiquiátrico en una posición privilegiada. Esto no sólo afecta las incumbencias y la autonomía de profesiones como la psicología sino que puede dificultar concretamente el acceso a la atención allí donde no existen suficientes psiquiatras, particularmente en pequeñas localidades y regiones alejadas de los grandes centros urbanos. Esta exigencia puede generar demoras, centralización y dificultades para constituir equipos. La resolución de este problema a partir de la propuesta de asistencia virtual de urgencias, demuestra impericia sobre las necesidades asistenciales y expone a pacientes a todo tipo de abusos y negligencias. Finalmente, la habilitación a intervenir a médicos de otras especialidades que no necesariamente tienen formación en salud mental degrada la atención específica, y abre la posibilidad a la mala praxis.
También nos preocupa especialmente la ampliación de las posibilidades de internación involuntaria. La sustitución del criterio de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño” introduce una formulación más amplia e imprecisa para justificar restricciones de la libertad. Una sociedad que busca proteger a quienes atraviesan una crisis necesita mejores dispositivos de atención y acompañamiento, no criterios más laxos para encerrarlos. En este sentido, el proyecto sobrecarga la responsabilidad del cuidado del paciente en la familia, sin proveer recursos o andamiajes que permitan sostener y sostenerse frente al padecimiento psíquico y elude la responsabilidad del Estado debilitando el desarrollo concreto de los dispositivos comunitarios. La Ley 26.657 establece expresamente alternativas como la atención domiciliaria, los hospitales de día, las casas de convivencia, las cooperativas de trabajo y los emprendimientos sociales. El proyecto de reforma modifica ese piso normativo que orienta la construcción de un sistema basado en la inclusión y la vida en comunidad, dejando más desamparadas aún a las familias padecientes.
Resulta también llamativo que una reforma presentada como actualización de la política de salud mental no incorpore prácticamente ninguno de los nuevos problemas asociados a las transformaciones tecnológicas contemporáneas. El impacto de las redes sociales, la hiperconectividad, el uso intensivo de pantallas, las nuevas formas de aislamiento, las apuestas y consumos digitales, el ciberacoso, la exposición temprana de niñas, niños y adolescentes a entornos digitales, así como la creciente utilización de inteligencia artificial en ámbitos vinculados a la atención y orientación en salud mental, plantean desafíos inéditos para la prevención, la asistencia y la regulación sanitaria. Una verdadera actualización de la ley debería incorporar estos fenómenos, promover investigación, prevención y dispositivos específicos de abordaje, y establecer criterios claros para que ninguna herramienta tecnológica sustituya el vínculo clínico, la evaluación profesional ni la responsabilidad de los equipos de salud. El proyecto oficial, sin embargo, omite estos problemas mientras concentra sus modificaciones en flexibilizar internaciones, rejerarquizar el modelo médico-psiquiátrico y rehabilitar instituciones especializadas.
Frente a todo este panorama, el cambio más preocupante, sin embargo, es el regreso de las instituciones psiquiátricas monovalentes como parte legitimada del sistema. Mientras la ley vigente prohíbe crear nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones monovalentes, y establece su sustitución progresiva por dispositivos alternativos, el proyecto elimina ese mandato. Al mismo tiempo, habilita que las internaciones se realicen no sólo en hospitales generales, sino también en hospitales e instituciones especializadas en psiquiatría y salud mental, públicos y privados. Esto significa volver a separar a las personas con padecimientos de salud mental del resto del sistema sanitario y recuperar una lógica institucional que nuestro país había conseguido superar.
El problema de la salud mental en la Argentina no es que existan demasiados derechos. El problema es que todavía no hemos construido los servicios necesarios para hacerlos plenamente efectivos.
Por eso, frente al crecimiento del sufrimiento psíquico de nuestra población, la respuesta no puede ser volver al encierro, medicalizar los problemas sociales, debilitar la interdisciplina o restringir derechos. Necesitamos exactamente lo contrario: más presupuesto, más profesionales, más atención primaria, más hospitales generales preparados para atender la salud mental y una verdadera red federal de dispositivos comunitarios.
Desde FePRA convocamos a legisladoras y legisladores, universidades, organizaciones profesionales, trabajadores de la salud, usuarios, familiares y al conjunto de la sociedad a sostener un debate amplio y responsable.
La Ley de Salud Mental puede mejorarse. Pero mejorarla significa avanzar sobre aquello que todavía no se cumplió, no regresar a aquello que durante décadas luchamos por superar.