La Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina expresa su repudio frente a las acciones de hostigamiento, descalificación y sospecha pública dirigidas a colegas que desarrollan su tarea en el ámbito de las infancias, particularmente en escenarios atravesados por procesos judiciales.

Lejos de tratarse de episodios aislados, tal como plantea el Colegio de Psicólogos de Santa Fé Segunda Circunscripción, estos acontecimientos deben comprenderse en el marco de un deterioro sostenido de las políticas públicas orientadas a la niñez y la adolescencia y del debilitamiento de los dispositivos institucionales encargados de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. En este contexto, el sistema de justicia no queda al margen sino que, en ocasiones, reproduce enfoques simplificadores que resultan insuficientes para abordar la complejidad de las situaciones involucradas.

La ausencia de políticas integrales y la retracción de la inversión en el campo social favorecen la consolidación de miradas reduccionistas que tienden a individualizar y patologizar problemáticas que son, en esencia, de carácter relacional, social e histórico. En este escenario, emergen constructos sin validación científica que operan como categorías explicativas impropias, desplazando la centralidad de la palabra de niños, niñas y adolescentes, y promoviendo intervenciones que pueden derivar en nuevas formas de vulneración. Estas perspectivas no solo afectan a las infancias, sino que también habilitan discursos que buscan desacreditar la labor profesional y erosionar la confianza en prácticas sustentadas en la ética y el conocimiento científico.

El incremento de las violencias y de las situaciones de vulneración de derechos exige una respuesta urgente por parte del Estado orientada al fortalecimiento de políticas públicas con anclaje territorial, sostenidas en el tiempo y basadas en un enfoque de derechos. La complejidad de estas problemáticas requiere necesariamente de dispositivos interdisciplinarios que permitan una escucha calificada, respetuosa y situada, evitando respuestas fragmentarias o estandarizadas que desconocen la singularidad de cada trayectoria.

Observamos con preocupación que muchos niños, niñas y adolescentes permanecen largos períodos bajo la órbita judicial, en dispositivos que no siempre logran ofrecer condiciones adecuadas para su cuidado integral. Esta prolongada judicialización, lejos de resolver las problemáticas, puede profundizar el padecimiento subjetivo, evidenciando la necesidad de revisar críticamente las prácticas institucionales vigentes y de promover una articulación más efectiva entre el sistema de justicia y las políticas públicas de protección.

En este sentido, resulta imprescindible destacar que la determinación de situaciones de vulneración de derechos no puede recaer en una única disciplina. Los aportes de la psicología constituyen una herramienta específica dentro de un entramado más amplio de saberes. El informe psicológico no posee carácter resolutivo ni puede ser equiparado a una decisión judicial; su función es contribuir a la comprensión integral de las situaciones, en diálogo con otras disciplinas y fuentes de información.

En este marco, resulta ineludible recordar la vigencia y el carácter vinculante de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece principios rectores como el interés superior del niño, el derecho a ser oído y a que su opinión sea debidamente tenida en cuenta, así como la obligación de los Estados de garantizar su protección integral frente a toda forma de violencia. Las prácticas que desoyen la palabra de niños, niñas y adolescentes, que los someten a procesos revictimizantes o que los reducen a objetos de disputa judicial no solo resultan éticamente inadmisibles, sino que implican un retroceso en el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por nuestro país.

Desde esta Federación reafirmamos nuestro compromiso con un ejercicio profesional regido por principios éticos, deontológicos y científicos, con una perspectiva que reconoce a las infancias como sujetos de derecho, con voz propia y con una historia que debe ser escuchada y respetada. La defensa de las y los profesionales que intervienen en este campo es inseparable de la defensa de prácticas responsables, rigurosas y comprometidas con la salud mental y los derechos humanos.

Convocamos a los distintos actores institucionales -poderes del Estado, organismos especializados y operadores del sistema judicial- a asumir con responsabilidad el desafío de transformar las condiciones actuales, promoviendo dispositivos que estén a la altura de la complejidad de las problemáticas y que garanticen intervenciones respetuosas de las necesidades singulares de cada niño, niña y adolescente.

Asimismo, recordamos que las entidades que integran esta Federación disponen de instancias de asesoramiento jurídico, acompañamiento profesional y tribunales de ética, orientados a resguardar las buenas prácticas y a sostener el ejercicio responsable de la profesión.

En virtud de lo expuesto, esta Federación expresa su respaldo al planteo formulado por el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Santa Fe Segunda Circunscripción y solicita, con carácter urgente, la convocatoria a una audiencia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el propósito de abordar de manera integral la problemática señalada, en resguardo de los derechos de las infancias, del ejercicio profesional y del conjunto de psicólogas y psicólogos de la República Argentina.

Sostener el cuidado de las infancias y proteger a quienes trabajan cotidianamente en ese compromiso constituye una responsabilidad indelegable. Allí donde se debilitan estas garantías, se compromete no solo el presente, sino también el futuro colectivo.

Desde nuestra Federación, consideramos que los hechos de público conocimiento ocurridos en San Cristóbal, Santa Fe nos convocan a producir una lectura que contemple la complejidad de las adolescencias actuales y las condiciones en las que se configuran sus experiencias.

Nuestra posición se construye a partir de desarrollos teóricos y clínicos que permiten pensar estos emergentes más allá de miradas simplificadoras o respuestas centradas en la sanción. En este marco, retomamos aportes de la Dra. Ana Bloj, que orientan y enriquecen esta perspectiva.

Entendemos que no se trata de ubicar responsabilidades de manera lineal en familias o instituciones educativas, ni de patologizar procesos propios de la constitución psíquica. Por el contrario, resulta necesario abrir preguntas sobre el entorno en el que crecen las adolescencias hoy.

Nos encontramos ante subjetividades atravesadas por una experiencia fuertemente mediada por lo digital, donde las fronteras entre lo virtual y lo material se vuelven cada vez más difusas. Donde aquello que no logra ser tramitado en la casa o en la escuela encuentra expresión en los entornos digitales, que funcionan como escenarios de manifestación de lo que sucede “debajo del radar”

A su vez, estas experiencias no pueden pensarse por fuera de un contexto más amplio, en el que abundan discursos sociales o políticos de adultos que habilitan o legitiman formas de violencia y crueldad, impactando en los modos de vinculación y en la constitución de referencias simbólicas.

Desde esta perspectiva, consideramos que la responsabilidad no puede recaer exclusivamente sobre quienes atraviesan estas situaciones. Se vuelve imprescindible interrogar el lugar de los grandes productores de sentido y de los dispositivos que estructuran la experiencia contemporánea, sin dejar de reconocer que el compromiso de escucha y acompañamiento es una tarea colectiva.

Lejos de respuestas punitivas, proponemos leer estos hechos como expresiones de un malestar que requiere ser alojado. Para muchas adolescencias, lo que sucede en los entornos digitales no es ajeno a su vida, sino una dimensión central de la misma.

Cuidar la salud mental implica, entonces, generar condiciones de presencia, escucha y acompañamiento también en esos territorios, reconociendo las formas actuales del padecimiento y asumiendo la responsabilidad social de construir respuestas más humanas y sostenidas.

La Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FePRA) expresa su  pleno acompañamiento al posicionamiento público del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos frente a la reciente implementación, por parte del gobierno provincial, de un programa basado en inteligencia artificial orientado al apoyo de docentes y estudiantes. 

En primer lugar, manifestamos nuestra profunda preocupación por el carácter inconsulto  de la medida adoptada, que omite la participación de las instituciones profesionales, académicas y científicas con trayectoria en el campo de la salud mental, la educación y la niñez. Las  transformaciones que involucran procesos subjetivos, prácticas pedagógicas y abordajes en salud mental no pueden ser definidas unilateralmente ni reducidas a decisiones de carácter meramente tecnológico o administrativo. Requieren, por el contrario, de instancias de debate  plural, interdisciplinario y con anclaje territorial. 

Tal como señalan diversos desarrollos contemporáneos -entre ellos el informe “La época  de la IA: complementariedades entre humanos y máquinas en acción” de la MIT Sloan School  of Management-, la incorporación de tecnologías basadas en inteligencia artificial solo resulta social y éticamente válida en la medida en que complemente y fortalezca la acción humana, sin sustituirla ni desresponsabilizarla. En el campo educativo y de la salud mental, esto implica reconocer que no hay acompañamiento posible sin la presencia de profesionales formados, identificables y responsables de sus intervenciones. 

En este sentido, advertimos que la introducción de dispositivos algorítmicos en ámbitos sensibles como la escuela, sin el debido respaldo de equipos profesionales, puede derivar en procesos de desubjetivación, simplificación de la complejidad psíquica y debilitamiento del lazo social. La escucha clínica, la intervención situada y la construcción de estrategias colectivas no son sustituibles por respuestas automatizadas, por más sofisticadas que estas se presenten. 

Por ello, compartimos plenamente la posición del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos en  cuanto a la necesidad de fortalecer los equipos interdisciplinarios y territoriales, que cotidianamente sostienen el trabajo con niñas, niños, adolescentes y comunidades educativas. Son  las y los profesionales quienes, desde su formación y compromiso ético, pueden dar cuenta de  la complejidad de los procesos subjetivos, las condiciones sociales y las tramas vinculares que  atraviesa la experiencia educativa.

Asimismo, destacamos y reivindicamos la tarea cotidiana de las y los colegas en el sistema  educativo, muchas veces desarrollada en condiciones adversas, pero con una profunda res ponsabilidad en la promoción de la salud mental, la inclusión y el cuidado de los vínculos. 

En este marco, la FePRA solicita al gobierno de la provincia de Entre Ríos que revise la  implementación del programa en cuestión y convoque de manera urgente a las instituciones profesionales, académicas y científicas especializadas, a fin de construir políticas públicas par ticipativas con perspectiva de derechos y con centralidad en el trabajo humano. 

Sin participación, sin profesionales y sin anclaje territorial, no hay política pública legítima  en salud mental ni en educación. 

Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FePRA) Buenos Aires, marzo de 2026

“Ni flores ni bombones, las mujeres queremos derechos«

Cada 8M hacemos memoria recordando las históricas luchas por la igualdad de derechos, condiciones laborales justas y una vida libre de violencias. A más de 118 años de las históricas protestas de las mujeres en New York, seguimos reclamando por iguales derechos: la jornada de ocho horas, el descanso, el derecho a huelga y organización, así como las vacaciones y la protección frente a la enfermedad.

“Ni flores ni bombones, las mujeres queremos derechos”, se plantea desde hace años por parte del movimiento de mujeres y los transfeminismos. No obstante, hoy esta consigna adquiere un valor especial en momentos en los que los derechos adquiridos durante un siglo parecen esfumarse con la reciente aprobación en nuestro país de la Reforma Laboral. 

La necesidad de una reforma laboral fue interpretada no en favor de trabajadoras sino en su contra.

Algunos de los principales impactos de la Reforma Laboral para las trabajadoras serían: 

-La falta de una regulación integral de licencias y la reducción de las tareas de cuidado (licencias de maternidad breves y paternales de solo 2 días) recaerían sobre las mujeres, dificultando su permanencia y desarrollo laboral.

– Con el llamado “banco de horas” y la modificación de la indemnización por el «Fondo de Cese Laboral» se afectarían la estabilidad y los ingresos de las trabajadoras, agravando las ya existentes brechas de género.

-La reducción de ingresos por los recortes previsionales y los cambios en las negociaciones colectivas amenazan con reducir los salarios en sectores feminizados y en hogares monomarentales. 

-El riesgo de que las licencias por enfermedad deriven en la disminución del salario, que perjudicaría más a las mujeres, quienes suelen tener empleos más informales. 

-El desfinanciamiento y la derogación de la gran mayoría de las políticas públicas de cuidados, afectaría la autonomía económica femenina.

Como profesionales de la salud mental, nuestro compromiso ético nos convoca a integrar la perspectiva de género en nuestras prácticas reconociendo el impacto de las desigualdades en el bienestar subjetivo promoviendo así, espacios seguros, respetuosos y basados en derechos. 

Desde la Comisión Nacional de Géneros, Diversidades y Disidencias de la FePRA invitamos a participar de las movilizaciones por el 8M y de las distintas acciones que se llevarán a cabo en todo el país.

Texto de la Comisión Nacional de Géneros, Diversidades y Disidencias de la FePRA

Desde la FePRA manifestamos nuestro rechazo al proyecto de reforma del régimen penal juvenil, que contempla la baja de la edad de imputabilidad de los menores a 14 años, y sostenemos que esta propuesta es un eslabón más en el desconocimiento de las necesidades de las infancias y adolescencias

Nuestra posición se nutre del aporte invalorable del pensamiento y el trabajo de nuestra colega Beatriz Janín, una de las máximas referentes del país en temas de infancias y adolescencias. Decimos, con ella, que la adolescencia es un momento de resignificación vital en el que los apoyos externos pasan a ser fundamentales. Es el mundo el que tiene que ayudar a sostener la imagen cambiante de sí, la caída de la propia imagen. El modo en que los y las adolescentes transiten este tiempo dependerá, en gran medida, de que encuentren reaseguros en el mundo externo y a la vez que el contexto les ofrezca un espacio de sostén y despliegue de posibilidades. Escuela, club, grupo de amigos son los sostenes narcisistas imprescindibles.
Sabemos que lo más insoportable para un niño es no ser mirado ni atendido. Para un adolescente, ser “ninguneado” socialmente lo deja en un lugar insufrible.
Entonces, la realidad socio-cultural es determinante en los avatares de la adolescencia, tal vez la época de la vida en la que el contexto social tenga más importancia.
Vivimos en una sociedad en la que muchos adolescentes son invisibles a menos que realicen una acción auto o hétero destructiva.
Un adolescente no es un adulto.
Decir “delito de adulto, castigo de adulto” es una brutalidad inaceptable.
Todo adolescente está regido por pasiones, terrores y lógicas diferentes a las de los adultos y confundir sus reacciones y funcionamientos con los de los adultos nos lleva por un camino complicado, de negación de diferencias. Por eso, desconocer el momento vital por el que están pasando constituye en sí mismo una forma de ataque a las y los adolescentes.
Este presente distópico, brutal y deshumanizante nos pone frente a un problema mucho más grave que la delincuencia adolescente (que no es estadísticamente significativa): muchos adolescentes se suicidan y otros se autolesionan de diferentes modos. En vez de preocuparse por esto, el gobierno corre de lugar el problema, ubicando a los adolescentes como peligrosos.
Todo adolescente es impredecible. Es impulsivo y busca riesgos. Es por esto que no pueden ser juzgados como adultos, que deben ser escuchados, que no son mayores castigos los que pueden hacer que no cometan transgresiones.
En una sociedad que los impulsa a tener dinero del modo que sea, en un mundo en el que el consumo ocupa un lugar privilegiado, se los quiere ubicar como punibles desde edades muy tempranas, en lugar de posibilitarles salidas vitales, creativas, proyectos colectivos y un futuro posible.
Mientras tanto, se desfinancian escuelas, hospitales y universidades públicas.
“No hay plata”, repiten los funcionarios oficiales como un mantra, frente a reclamos para sostener equipos de salud, pagar tratamientos o establecer salarios docentes mínimamente dignos. ¿Pero sí hay plata para construir cárceles para nuestros pibes y pibas?
Lo repetimos: no son mayores castigos los que pueden modificar la conducta de un adolescente.
Para cerrar, tomamos de nuevo la palabra dicha y escrita innumerables veces por Beatriz Janín:
Niñas, niños y adolescentes no son adultos. Y necesitan una sociedad en la que reine el cuidado del otro y no la crueldad.
Niñas, niños y adolescentes necesitan ser escuchados y que se les posibilite un lugar en el mundo.
Niñas, niños y adolescentes tienen que tener espacios en los que desplegar sus posibilidades.
Niñas, niños y adolescentes no necesitan cárceles, sino más escuelas, más clubes, más espacios de inserción grupal. Necesitan ser escuchados y no puramente sancionados. Y que se les posibiliten salidas creativas, en las que sientan que son tomados en cuenta, frente a tanta intemperie.

La Junta Ejecutiva, como representante de la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FePRA), sostiene que no puede haber salud mental sin justicia social, sin un sistema judicial confiable, y sin instituciones que garanticen el pleno ejercicio de la ciudadanía. La naturalización de prácticas persecutorias bajo la apariencia de legalidad configura una amenaza a la estabilidad democrática y al marco institucional del país.

Desde un enfoque ético-profesional y en consonancia con los principios rectores de nuestra práctica —entre ellos, la defensa irrestricta de los derechos humanos, la promoción del bienestar psicosocial y la consolidación de un Estado democrático de derecho—, advertimos que el uso instrumental del Poder Judicial como mecanismo de disciplinamiento político —práctica reconocida internacionalmente bajo la categoría de lawfare— produce efectos desestabilizantes en el tejido social y genera estados de incertidumbre, desconfianza institucional y afectación del lazo social, al instalar la percepción de arbitrariedad y manipulación del sistema democrático. 

Estos procesos debilitan la legitimidad de las instituciones y erosionan la cohesión comunitaria, generando un contexto propicio para la anomia social y la desesperanza aprendida.

La patologización del disenso político, el hostigamiento sistemático mediático y judicial hacia una figura representativa de un amplio sector de la ciudadanía, y la deslegitimación de sus aportes históricos al proceso democrático argentino, no son hechos aislados ni neutros. Se inscriben en una lógica regresiva que atenta contra el principio de soberanía popular, y promueven una cultura del odio y de la desafección democrática, cuyos efectos a mediano y largo plazo sobre la salud mental comunitaria son ampliamente documentados en la literatura psicosocial.

En este contexto, expresamos nuestra preocupación por la utilización del sistema judicial con fines proscriptivos y el repudio a toda forma de persecución política que atente contra la representación democrática. Sostenemos, por tanto,  la necesidad urgente de fortalecer una justicia imparcial, respetuosa del debido proceso, que actúe con independencia y responsabilidad ética.

Convocamos, entonces, a los distintos actores institucionales, profesionales y académicos a rechazar toda práctica que debilite el Estado de Derecho y a defender el derecho de todas las personas a un juicio justo, sin injerencias ni prejuicios ideológicos y a sostener con firmeza el respeto por las garantías constitucionales, la preservación de las instituciones democráticas y la construcción de una sociedad basada en el reconocimiento y la inclusión, condiciones indispensables para una vida psíquica y social saludable.

Junta Ejecutiva de la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina

Junio de 2025