Habiendo tomado conocimiento de que el Senado de la Nación está tratando el Proyecto de modificación de la Ley N°26.657
Desde la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina manifestamos nuestro rechazo a la Reforma de la Ley Nacional de Salud Mental
La salud mental es un derecho que requiere políticas públicas integrales, interdisciplinarias y respetuosas de los derechos humanos. De confirmarse, este dictamen implicaría retrocesos en garantías fundamentales y debilitaría el modelo de atención que la legislación vigente busca consolidar.
Rechazamos la prioridad del enfoque médico-psiquiátrico por sobre el abordaje interdisciplinario. La salud mental es una problemática compleja que requiere la participación articulada de la psicología, la psiquiatría, el trabajo social y otras disciplinas, según las necesidades de cada persona. Ningún saber debe prevalecer sobre los demás.
Rechazamos la ampliación de los criterios para las internaciones involuntarias y el debilitamiento de los controles judiciales. Estos cambios pueden facilitar restricciones a la libertad y tratamientos sin consentimiento, al tiempo que reducen las garantías de protección de las personas internadas.
Rechazamos la habilitación de internaciones en instituciones especializadas en psiquiatría. Esta orientación pone en riesgo el proceso de transformación del modelo de atención, que prioriza los hospitales generales, los dispositivos comunitarios y las alternativas al encierro.
Rechazamos que la falta de recursos se utilice para justificar respuestas restrictivas. Los problemas del sistema no se resuelven modificando la ley, sino garantizando su implementación efectiva, con presupuesto suficiente, equipos interdisciplinarios completos, servicios accesibles y continuidad de cuidados en todo el territorio.
Rechazamos el debilitamiento de los mecanismos de control y participación. La exclusión de las organizaciones de personas usuarias del Órgano de Revisión y la reducción de garantías de supervisión debilitan la protección frente a posibles vulneraciones de derechos y prácticas de violencia institucional.
Rechazamos que las responsabilidades del Estado se trasladen a las familias. Las redes afectivas son fundamentales, pero no pueden sustituir las políticas públicas ni los apoyos necesarios para garantizar una atención digna y una vida en comunidad.
Una reforma de esta magnitud exige participación efectiva de las personas usuarias, sus organizaciones, familiares, profesionales, universidades y organismos de derechos humanos, así como fundamentos científicos y un debate público, plural y federal.
La Ley 26.657 fue una conquista en la defensa de los derechos humanos. Mejorar la atención en salud mental requiere más inversión, prevención, equipos interdisciplinarios, dispositivos comunitarios y controles efectivos, no retroceder en las garantías conquistadas.
No hay salud mental sin derechos, comunidad y responsabilidad del Estado.
No al retroceso en salud mental. Defendamos la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657.