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En el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida, continuamos sosteniendo los valores de la libertad, el progreso y la justicia, porque sin ellos la democracia es una abstracción.

En el actual contexto social que se vive en Argentina, proliferan discursos cargados de violencia política, de afirmaciones discriminatorias, racistas y sexistas, mensajes amenazantes y descalificantes que obturan toda posibilidad de reflexionar y disentir «libremente» en un clima democrático. Es en este clima de época que se viene dando el proceso eleccionario que culminará en los comicios presidenciales del próximo 19 de noviembre.

Desde la Comisión Nacional de Géneros, Diversidades y Disidencias de la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina, vemos con preocupación las violencias de este tiempo y sostenemos que, sin Derechos Humanos, no hay Salud Mental.

Poner en cuestión los derechos adquiridos hasta hoy constituye una amenaza para la salud mental de la población, siendo además un riesgo para nuestra reciente Democracia.

Cada uno de los Derechos conquistados y la Políticas de Géneros y Disidencias que se han ido materializando son el resultado de años de debate, discusión teórica, y militancia. Son el resultado de luchas sociales y civiles que no fueron sin costo y no podemos simplemente resignarnos o dar un paso atrás.

Destacamos algunas de las leyes promulgadas en estos últimos 20 años, producto de fuertes demandas sociales y fruto de la democracia:

• Ley Nacional 657 de Salud Mental, en su artículo 11 prioriza entre las modalidades de abordaje las acciones y servicios de carácter ambulatorio. En el artículo 3 inc c) establece que se prohíbe el diagnóstico en función de la identidad de género o por orientación sexo afectiva.
• Ley 618 de Matrimonio Igualitario. La cual no sólo garantiza el matrimonio por fuera de la heteronormatividad, sino además el acceso a derechos fundamentales como compartir la cobertura de salud y bienes económicos.
• Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los diferentes ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Dando cuenta de las distintas modalidades de violencia en materia de género.
• Ley061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Poniendo énfasis en el interés superior de les niñes y el desarrollo de su autonomía progresiva.
• Ley 26.743 de Identidad de Género y Decreto DNI No Binario 476/21 promulga el derecho a la identidad de género, el acceso a la atención de la salud integral tanto en ámbito público como privado y garantiza el trato digno. El decreto reconoce identidades por fuera del binomio masculino y femenino al incorporar la nomenclatura X en el documento nacional de identidad como opción, para todas las personas que no se identifiquen como varón o como mujer.
• Ley 26.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Promueve el derecho a decidir sobre el propio cuerpo a las personas con capacidad de gestar. Dando lugar a la xaternidad desde la concepción del deseo para así dejar de forzar a personas gestantes a parir.
• Ley XXV N°65 Acceso a vivienda para personas trans en Chubut que hayan realizado el cambio registral. A través de cumplir como mínimo con un 3% del total construído y créditos para planes de vivienda.
• Ley 150 de Educación Sexual Integral ( ESI) establece el derecho de niñxs y adolescentes a recibir Educación Sexual Integral y crea el Programa Nacional de ESI, con el propósito de garantizar el acceso a este derecho en todas las escuelas del país.
• Ley 26.862 de Reproducción asistida, toda persona mayor de edad tanto en el ámbito público como privado, con o sin obra social, puede acceder de manera gratuita e igualitaria a tratamientos de fertilidad.
• Ley 27.675 de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis promueve el acceso a la atención integral para mejorar la calidad de vida, desde la prevención, comunicación, investigación, social, etc.
• Ley 27.636 de Cupo Laboral Trans de promoción del acceso al empleo formal para personas travesti, transexuales y transgéneros, establece un cupo mínimo de 1 por ciento de los cargos y puestos del Estado Nacional.
• Ley 27655 y 26.130 de Régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgicas, garantizan el acceso a la ligadura de trompas de falopio y vasectomía a toda persona mayor de edad que así lo solicite.
• Ley 27.499 Micaela, que promueve la capacitación obligatoria en la temática de Género y violencia hacia las mujeres, pese a la sencillez de su texto, esta ley ha posibilitado la promoción de la equidad de géneros en todos los ámbitos del Estado en sus tres niveles.
• Ley 27.452 Régimen de reparación económica a niñas, niños y adolescentes ( BRISA) en los casos en que uno de los progenitores hayan sido procesado como autor de homicidio de su otro progenitor, fallecido a causa de violencia intrafamiliar y/o de género o que la acción penal contra el progenitor dirigida a investigar el homicidio de la progenitora aun cuando se haya extinguido por muerte.

Todo este plexo normativo antes esbozado junto a políticas públicas tan importantes como la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Programa Acercar Derechos a nivel nacional como las políticas públicas que se han ido generando en cada provincia son imprescindibles para el acceso a derechos por parte de las mujeres, niñeces y diversidades.

No será a través de discursos de odio que proponen la extinción del otrx y el achicamiento del Estado, que no es otra cosa que eliminar políticas públicas que garantizan el acceso a condiciones mínimas de vida, que lograremos la plena implementación de las leyes que hoy nos asisten.

Sostenemos el rol del Estado como instancia que asegura la igualdad de condiciones y el acceso a derechos que garanticen las condiciones para el trato digno de todas las personas y el respeto del semejante y las diferencias.

Comisión Nacional de Géneros, Diversidades y Disidencias

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A partir de 1982, la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH) con apoyo de la Organización Mundial de Salud (OMS) estableció el 10 de octubre como Día Mundial de la Salud Mental. El objetivo fue generar un evento que permitiera crear conciencia acerca de los problemas de salud mental que afectan a todo el mundo.

Considerando que conmemorar permite tener presente determinadas problemáticas para así poder trabajar sobre ellas, cada 10 de octubre nos direcciona hacia la renovación del compromiso que cada uno de los sectores debe asumir para movilizar los recursos necesarios en pos de asegurar el cumplimiento de un derecho, como es el derecho a la salud.

La salud se encuadra dentro de los llamados derechos de segunda generación, los cuales proponen garantizar la igualdad y el acceso a bienes, servicios y oportunidades económicas y sociales para todas las personas. La salud mental es un derecho y, es así, como se considera desde nuestro plexo normativo. No es redundante señalar en este momento que, el art. 3 de la Ley Nacional de Salud Mental, define a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona.

Es en el entramado de esta construcción social donde este derecho se consolida, extendiendo sus alcances a todos y a todas que habitan este territorio y hacer sus vidas, nuestras vidas, dignas de ser vividas.

En este Día, bregamos por:

• Comunidades saludables, dignas de ser vividas y disfrutadas colectivamente, aceptando las pequeñas diferencias. Basta de estigmatización, discriminación y violencias.
• Una psicología humanizada, orientada a alojar a aquellas minorías y personas vulneradas en sus derechos y a promover el acceso a todas las personas que así lo requieran.
• Trabajos dignos y bien remunerados, tanto en el ámbito público como en el privado.
• La defensa y la implementación plena de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones en todo el país, en pos de la eliminación de instituciones de encierro, así como la creación de espacios en la comunidad, con enfoque de derechos humanos; con la necesaria participación activa de la comunidad y las/os usuarias/os de los servicios de Salud Mental.
• Salud Mental, en todas las políticas públicas.

Es oportuno afirmar, en los umbrales de los 40 años de Democracia: “Sin Derechos, no hay salud mental”, y “Sin Democracia, no hay Libertad”. Como Psicólogos y Psicólogas, militantes de la salud mental, es imprescindible hacer oír nuestras voces en cada rincón y lograr que las políticas públicas sean direccionadas para garantizar el mejoramiento constante de la promoción, prevención, atención y fortalecimiento de las políticas de cuidado, y que el derecho a la Salud Mental, sea un derecho incuestionable e inalienable para todos los habitantes de este suelo, independiente de los avatares a los que la sociedad está sometida.

Hoy más que nunca, creemos que la salud mental es decir y hacer: “Memoria, Verdad y Justicia”, luchando por los derechos adquiridos, por eso decimos Salud Mental es no retroceder, y repetir: ¡NUNCA MÁS!

Desde la Comisión Nacional de Salud Mental, este es nuestro compromiso ético frente a la comunidad de la cual emergemos.

Comisión Nacional de Salud Mental

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Desde la Comisión Nacional de Géneros, Diversidades y Disidencias queremos conmemorar el “Día Internacional de la Igualdad Salarial”, fecha que fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2020, con la finalidad de resaltar la igualdad salarial entre los géneros por un trabajo de igual valor.

En todas las regiones a las mujeres se les paga menos que a los hombres por iguales trabajos, lo que constituye una brecha salarial de género estimada en un 23% a nivel mundial.

Las desigualdades de género en el mercado laboral están estrechamente vinculadas a las desigualdades históricas y estructurales en las relaciones de poder; desigualdades que impiden a las mujeres acceder a recursos y oportunidades obstaculizando de este modo el pleno desarrollo laboral y personal.

La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas siguen estancados debido a la persistencia de desigualdades históricas y estructurales en las relaciones de poder entre mujeres y hombres. A su vez, las situaciones de pobreza acrecientan las desigualdades y desventajas en el acceso a recursos y oportunidades para las mujeres.

Las desigualdades laborales de género configuran a la vez una deuda económica y de derechos humanos del Estado con las mujeres y representa una de las formas de discriminación más invisibilizadas.

Para avanzar hacia una paridad salarial entre los géneros es necesario eliminar la brecha en el acceso, el techo de cristal, el desempleo femenino, así como el diseño de políticas que contemplen distintas situaciones que pueden atravesar la vida de las mujeres, que precarizan las condiciones de trabajo de las mujeres que trabajan fuera del hogar.

Desde hace algunas décadas se hacen estimaciones que intentan poner en cifras el aporte económico de las tareas de cuidado que continúan a cargo de las mujeres con algunos matices. Estos cálculos ponen sobre el tapete que las tareas desarrolladas en la casa son sostenedoras de las economías familiares, pero también contribuyen a la economía mundial.

La contracara del mismo fenómeno es la sobrecarga sufrida por las mujeres, producto de la sumatoria de mandatos y tareas atribuidos socialmente a ellas. Es por ello que se hace imprescindible revisar el modo de organización familiar, el reparto equitativo de las tareas de cuidado, ya que al trabajo fuera del hogar se le suman las tareas de cuidado a predominio femenino tanto en el ámbito privado como en la vida en comunidad.

Comisión Nacional de Géneros, Diversidades y Disidencias

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COMUNICADO

La Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FePRA) expresa su posicionamiento en relación a las propuestas antidemocráticas que atentan contra las grandes mayorías.

Estas posiciones no son fenómenos aislados ni coyunturales, sino que forman parte de las plataformas de grupos económicos, políticos y mediáticos que intentan imponer condiciones que atentan contra los sectores populares y retroceder en derechos conquistados.

Si bien comprendemos la compleja situación social y económica que atraviesa nuestro país y nuestro pueblo, estamos convencidas/os que la misma no se revierte con la privatización y el achicamiento del Estado.

Como representantes del colectivo de psicólogas y psicólogos estamos a favor del fortalecimiento del sistema de salud pública, cuyo sostenimiento es una función indelegable del Estado, para que las necesidades de la comunidad puedan ser atendidas de manera eficiente, con profesionales capacitadas/os para tal fin.

Defendemos la educación pública, gratuita y de calidad, en todos sus niveles, y hacemos especial hincapié en la defensa de nuestras universidades públicas, inclusivas y populares, muchas de ellas reconocidas internacionalmente por el nivel académico y humano con el que forma a sus profesionales.

Frente a los ataques e intentos privatizadores de las instituciones del sistema científico-tecnológico argentino, nos manifestamos a favor de científicas/os que investigan para dar respuesta a las necesidades y problemáticas de sus comunidades, y a favor de una ciencia soberana que permita el desarrollo del país y su pueblo, y no el enriquecimiento de corporaciones extranjeras.

Rechazamos los discursos de odio en el marco de la campaña electoral, que tienden a la eliminación del adversario y que no hacen más que estimular el enfrentamiento entre compatriotas y favorecer el debilitamiento del entramado social.

Como profesionales del campo PSI, exigimos propuestas en salud, educación e investigación que tiendan al fortalecimiento de los lazos sociales y comunitarios y al ejercicio pleno de los derechos.

Frente a modelos políticos y económicos que atomizan, fragmentan y entristecen a nuestras comunidades, seguimos poniendo por delante la construcción de lo colectivo, trabajando día a día con alegría, entusiasmo y amor, por más y mejor salud mental.

Junta Ejecutiva

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