La Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina manifiesta su
profunda preocupación y rechazo al proyecto de modificación de la Ley Nacional de
Salud Mental Na 26.657 impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional.
En un contexto caracterizado por el sostenido desfinanciamiento de las políticas
públicas en salud mental -expresado en la reducción de programas, el deterioro de los
dispositivos territoriales y comunitarios, la precarización de las condiciones laborales
de los equipos de salud y las crecientes dificultades de acceso de la población a los
cuidados-, el proyecto en tratamiento desplaza el eje del problema desde las
responsabilidades estatales hacia una pretendida insuficiencia normativa.
Resulta necesario señalar con claridad: no es la ley vigente la que ha fracasado, sino la
falta de decisión política para garantizar su plena implementación. La insuficiente
asignación presupuestaria, en contradicción con los estándares establecidos por la
propia normativa y los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino,
constituye el principal obstáculo para el desarrollo de un sistema de salud mental
accesible, integral y de calidad.
Desde el punto de vista técnico, el proyecto introduce modificaciones regresivas que
afectan principios estructurantes del paradigma de derechos humanos. En particular:
● La ampliación y ambigüedad de los criterios de internación involuntaria, junto
con la redefinición del concepto de riesgo, habilitan una mayor discrecionalidad
en la restricción de la libertad, en tensión con los principios de excepcionalidad,
proporcionalidad y temporalidad establecidos en la ley vigente.
● El debilitamiento del enfoque interdisciplinario, mediante la recentralización de
decisiones en perspectivas biomédicas, implica un retroceso respecto del
carácter integral del abordaje de la salud mental.
● La redefinición de los mecanismos de control y supervisión reduce la
participación de organismos independientes y de la sociedad civil, erosionando
garantías institucionales fundamentales para la protección de derechos.
Asimismo, resulta especialmente preocupante que el proyecto retome un enfoque que
la propia historia de la salud mental ha demostrado como ineficaz y profundamente
vulnerador de derechos. La orientación hacia modelos centrados en la
institucionalización, el control y la medicalización como respuesta predominante
remite a paradigmas propios del siglo XX que han fracasado en términos sanitarios,
sociales y humanos. Lejos de constituir una innovación, estas perspectivas implican un
retroceso que desconoce décadas de desarrollos teóricos, clínicos y comunitarios, así
como los consensos internacionales construidos en torno a la desmanicomialización y
la inclusión social.
Estas modificaciones no sólo contrarían el espíritu de la Ley Nacional de Salud Mental
26.657, sino que también se alejan de los lineamientos establecidos por la
Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que
promueven modelos comunitarios, inclusivos y centrados en las personas.
Advertimos que el proyecto configura un desplazamiento hacia lógicas regresivas que
tienden a reinstalar prácticas de carácter tutelar y restrictivo, en detrimento de un
enfoque basado en la autonomía, la inclusión social y la garantía de derechos.
En este marco, la Federación sostiene que cualquier proceso de reforma debe partir de
un diagnóstico riguroso de las condiciones reales del sistema de salud mental,
incorporando de manera prioritaria la dimensión presupuestaria, la planificación
sanitaria y el fortalecimiento de los dispositivos territoriales. Sin inversión sostenida,
sin equipos interdisciplinarios consolidados y sin políticas públicas activas, ninguna
modificación normativa podrá revertir la situación actual.
Por todo lo expuesto, exigimos la apertura de un proceso de debate amplio,
participativo y federal, que incluya a organizaciones profesionales, académicas,
trabajadores del sistema, usuarios y familiares, en resguardo del carácter democrático
de las políticas públicas.
La defensa de la salud mental como derecho no admite retrocesos. Requiere, por el
contrario, mayor inversión, mayor presencia del Estado y el fortalecimiento de un
modelo de atención comunitario que garantice cuidados dignos para toda la población.
Junta Ejecutiva
Ciudad de Buenos Aires, 29 de Abril de 2026
