La Junta Ejecutiva, como representante de la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FePRA), sostiene que no puede haber salud mental sin justicia social, sin un sistema judicial confiable, y sin instituciones que garanticen el pleno ejercicio de la ciudadanía. La naturalización de prácticas persecutorias bajo la apariencia de legalidad configura una amenaza a la estabilidad democrática y al marco institucional del país.
Desde un enfoque ético-profesional y en consonancia con los principios rectores de nuestra práctica —entre ellos, la defensa irrestricta de los derechos humanos, la promoción del bienestar psicosocial y la consolidación de un Estado democrático de derecho—, advertimos que el uso instrumental del Poder Judicial como mecanismo de disciplinamiento político —práctica reconocida internacionalmente bajo la categoría de lawfare— produce efectos desestabilizantes en el tejido social y genera estados de incertidumbre, desconfianza institucional y afectación del lazo social, al instalar la percepción de arbitrariedad y manipulación del sistema democrático.
Estos procesos debilitan la legitimidad de las instituciones y erosionan la cohesión comunitaria, generando un contexto propicio para la anomia social y la desesperanza aprendida.
La patologización del disenso político, el hostigamiento sistemático mediático y judicial hacia una figura representativa de un amplio sector de la ciudadanía, y la deslegitimación de sus aportes históricos al proceso democrático argentino, no son hechos aislados ni neutros. Se inscriben en una lógica regresiva que atenta contra el principio de soberanía popular, y promueven una cultura del odio y de la desafección democrática, cuyos efectos a mediano y largo plazo sobre la salud mental comunitaria son ampliamente documentados en la literatura psicosocial.
En este contexto, expresamos nuestra preocupación por la utilización del sistema judicial con fines proscriptivos y el repudio a toda forma de persecución política que atente contra la representación democrática. Sostenemos, por tanto, la necesidad urgente de fortalecer una justicia imparcial, respetuosa del debido proceso, que actúe con independencia y responsabilidad ética.
Convocamos, entonces, a los distintos actores institucionales, profesionales y académicos a rechazar toda práctica que debilite el Estado de Derecho y a defender el derecho de todas las personas a un juicio justo, sin injerencias ni prejuicios ideológicos y a sostener con firmeza el respeto por las garantías constitucionales, la preservación de las instituciones democráticas y la construcción de una sociedad basada en el reconocimiento y la inclusión, condiciones indispensables para una vida psíquica y social saludable.
Junta Ejecutiva de la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina
Junio de 2025
