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La Comisión Nacional de Discapacidad de la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina, pide especial atención y prudencia al tratar temas tan importantes como son los referidos al Colectivo de Personas con Discapacidad.

Repudiamos los dichos vertidos en un medio de comunicación abierto, en donde de manera superficial, con falta de investigación y datos concretos, un periodista menciona irregularidades en el otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad (CUD) afirmando que existe un “negocio de la discapacidad”, información que no corresponde con la realidad y falta a la verdad.

Discursos como estos atacan principios básicos y derechos que llevaron años de lucha y reivindicación del Colectivo de Personas con Discapacidad y la sociedad en su conjunto.

En estos tiempos donde se está discutiendo la ampliación y garantía de derechos humanos básicos como la accesibilidad, inclusión, reconocimiento, etc, consideramos de extrema gravedad salir a dar una opinión cargada de prejuicios ideológicos.

Queremos remarcar que, según estadísticas internacionales, aproximadamente el 12.9 % de la población es atravesada por algún tipo de discapacidad, esto equivale a más de 5 millones de personas. El CUD es otorgado por juntas interdisciplinarias regionales, el mismo debe ser renovado periódicamente con documentación que certifique dicha necesidad.

Consideramos que el acceso a derechos, no solo en materia de salud y bienestar, deben ser garantizados por políticas públicas, las cuales deben velar por aquellas personas que más lo necesitan, siendo la salud un derecho fundamental y prioritario entre otros. 

Reafirmamos nuestro compromiso en la promoción y protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad y apelamos a la construcción de una ética profesional respetuosa de los mismos.  

DESCARGAR EL COMUNICADO AQUÍ 

• Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género 2020-2022
• Atención de la salud integral de personas trans, travestis y no binarias: Guía para equipos de salud
• Recomendaciones para garantizar el acceso a la salud de las personas trans, travestis y no binarias en el contexto de la pandemia Covid-19
• Salud y adolescencias LGBTI: Herramientas de abordaje integral para equipos de salud
• Ley Nacional de Matrimonio Igualitario 26.618 (2010)
• Ley Nacional de Identidad de Género 26.743 (2012)
• Opinión Consultiva 24-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo (Resumen)
• Opinión Consultiva 24-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo
• Informe sobre «Terapias de conversión»(Resumen) para la Asamblea General de las Naciones Unidas
• Informe sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género sobre la práctica de las llamadas «Terapias de conversión»– Asamblea General de las Naciones Unidas

La Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA) manifiesta su profunda preocupación y desconcierto, ante la noticia de la inauguración, en la provincia de Santiago del Estero, de un centro de salud mental monovalente que contaría con 92 camas de internación.

La Argentina cuenta, desde  diciembre de 2010, con una herramienta fundamental en materia de  Salud  y Derechos  Humanos  con  la  Ley  Nacional  de  Salud  Mental  N° 26.657(  LNSM), ampliamente defendida  por esta Federación, que incluye una nueva legalidad en el campo de la Salud Mental,  basadas en dos  ejes  centrales,   el  primero  basado  en  el  respeto de  los Derechos  Humanos,  y un  segundo  eje  que  las  políticas  sanitarias  desde  Nación  y en  los Ministerios Provinciales generen formas de atención  centradas en la inclusión de las personas que tienen estos padecimientos.

El ordenamiento jurídico actual sobre salud mental está compuesto por un trípode normativo que lleva muchos años de vigencia:

1.- la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la O.N.U. en 2006, erigiéndose en el primer Tratado de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, incorporada al Bloque de Constitucionalidad en el marco del art. 75 inc. 22 de la Carta Magna, entre otros Tratados de Derechos Humanos;

2.- la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 y su decreto reglamentario, sancionados en 2010 y 2013 respectivamente;

3.- y el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) vigente desde 2015;

Entre sus disposiciones, la ley establece que las acciones deben realizarse en una red de servicios de salud mental basados en la comunidad y recomienda la internación de personas con padecimiento   mental   como   un   recurso   terapéutico a utilizar sólo en situaciones excepcionales y en hospitales generales.

La LNSM sentó las bases para la modificación en 2014 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) al incluir el régimen de apoyos en la toma de decisiones dejando atrás el modelo tutelar en armonía con el art.  12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de   Naciones Unidas. Prohíbe, la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados. En el caso de los ya existentes se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Esta adaptación y sustitución en ningún caso puede   significar reducción de personal ni merma en los derechos adquiridos de los mismos.

Por esto, EXHORTAMOS a las autoridades provinciales (con quienes tendremos en lo inmediato una reunión, en busca de información que ayude a disipar el desconcierto) y nacionales se garantice el cumplimento de las leyes vigentes. Consideramos imperiosa la implementación de una política pública integral de largo plazo, respetuosa de los derechos humanos y basada en la salud mental comunitaria.

ACOMPAÑAMOS a los movimientos sociales en su defensa.   La concreción de estrategias colectivas y la construcción de discursos alternativos solo es posible en el lazo social.  La sanción de leyes no transforma per se la realidad, se trata de un trabajo que debemos llevar adelante entre todos y todas.

El 7 de marzo conmemora el asesinato de Natalia “Pepa” Gaitán, por ser lesbiana, ocurrido en 2010. Este crimen lesbo odiante por orientación sexual e identidad de género no fue considerado como tal en la calificación de la condena al asesino, sino que la misma quedó en términos de “homicidio simple calificado por el uso de arma de fuego”.

El veredicto puso de manifiesto la invisibilización, no solo de la identidad lésbica de “la Pepa” sino de todo el colectivo lésbico, constituyendo este crimen de odio un punto de inflexión al interior del mismo y extendiéndose a otres actores sociales.

Por ello, esta fecha  se conmemora como día de Memoria y Visibilización de las Identidades Lésbicas, constituyendo parte de los activismos militantes feministas y de los movimientos de Derechos Humanos.

7 de marzo de 2022.