El 28 de junio, se conmemoró el Día del Orgullo, fecha que recuerda la conocida revuelta de Stonewall (EEUU) en 1969, en la que un grupo de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales y queers (LGBTTIQ+) deciden enfrentar a la policía cansados de los continuos hostigamientos de un sistema político que avalaba la discriminación, la persecución, y la violencia contra esta comunidad. En la actualidad, año a año se reafirma el sentimiento de orgullo sobre las orientaciones sexuales e identidades de género tradicionalmente discriminadas y hostigadas. En esta fecha se visibiliza su presencia en la sociedad y los mismos reclamos. Cada año seguimos denunciando la vulneración de derechos.
Desde la FePRA expresamos nuestro compromiso con la defensa de la igualdad, en favor de los derechos de las personas que se identifican como parte de la comunidad LGBTTTIQ+ y rechazamos los discursos de odio.
Reivindicamos las luchas contra cualquier forma de discriminación y violencia, en pos de profundizar y promover la igualdad de derechos, el respeto por la identidad y la diversidad sexual.
En el mismo día que se conmemoró el Día del Orgullo, cientos y cientos de trabajadoras y trabajadores de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género – ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad reciben mails que les informan su despido, quedando algunas políticas públicas como la asistencia a familiares de víctimas de femicidios totalmente suspendidas. En la misma fecha, se produce un rotundo cambio en la posición argentina en la 54 Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que representa una regresión en materia de derechos, contraria a la propia legislación nacional y los consensos internacionales. En el documento presentado por nuestro país se omitieron minuciosamente términos como: “perspectiva de género”, “familias”, “defensores de derechos humanos”, “paridad de género”, “salud mental”, “discriminación”, “violencia sexual”, “mujeres trans”, interseccionalidad”; se obvió también toda referencia a los medios y modos que Argentina había comprometido para dar cumplimiento a las metas de la Agenda 2030. Cabe destacar que en ellas se incluía la defensa de niñeces y adolescencias ante cualquier situación de violencia.
Al eliminar del documento los párrafos referidos al consentimiento informado, a la participación de las organizaciones de usuarios y familiares, a las internaciones compulsivas y al paradigma comunitario, se desconoce la “libertad” y la “autonomía” de las personas como principios bioéticos fundamentales ya consagrados sobradamente por la legislación argentina tanto en la Ley 26.657 de Salud Mental como en otras. A la vez que niega el riesgo de discriminación y estigmatización y los abusos que recaerán en las personas con padecimientos subjetivos por medio de mecanismos de judicialización y criminalización que la Ley de Salud mental pretende evitar.
En el documento presentado por la Misión Permanente de Argentina para OEA se ignoran estándares, tratados, convenciones y acuerdos internacionales asumidos históricamente por nuestro país ante los diferentes organismos internacionales de los que forma parte y está obligado a cumplir. Ejemplos de esto son los compromisos con las mujeres y niñas plasmados en CEDAW (Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer) al que Argentina aprobó a través de la Ley 23.179 y luego ratificó, adquiriendo rango constitucional en 1994. Lo mismo ocurre con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, 1994) ratificada por la Argentina en 1996 (Ley 24632) y los Principios establecidos en el Tratado de Yogyakarta (2007), reconocidos en la Ley de Identidad de Género de 2012 (Ley 26743), al igual que toda la normativa sobre los derechos de las mujeres que fueron recogidos en la Ley de protección integral a las mujeres (Ley 26485, 2009).
El Estado Argentino decide darle la espalda a la protección de la Salud Mental de la población, a la defensa de los derechos humanos, a los derechos humanos de las mujeres, y personas LGBTTTIQNB+, a las personas con discapacidad o afectadas por consumos problemáticos u otros padecimientos mentales.
En una coherencia trágica para nuestro pueblo, el gobierno nacional se expide públicamente a la vez que intensifica el desentendimiento de los términos y políticas de Derechos Humanos, Salud Mental, Políticas de Géneros y Diversidades, lo que se traduce en actos de gobierno como la Eliminación y desarticulación de Ministerios, secretarías y subsecretarías, programas y el desprestigio constante en los medios de comunicación de los derechos humanos, la perspectiva de géneros, así como del lenguaje incluyente. Todo este descalabro de las políticas públicas se viene llevando adelante principalmente a través de los masivos despidos de trabajadoras y trabajadores que sostenían y materializaban estas políticas públicas.
Al mismo tiempo, en la gacetilla de prensa elaborada sobre la base de la presentación judicial realizada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) se advierte sobre un procedimiento confuso que viene llevando adelante el gobierno nacional: anuncia cierres de organismos y desmantelamiento de políticas públicas por redes sociales que, luego, no se condicen con los actos administrativos que efectivamente realiza. Mientras, se recortan los presupuestos, se reduce el personal a través de despidos masivos y se anuncia el cierre de espacios que todavía tienen la obligación de brindar asistencia.
Queremos destacar que los derechos humanos son universales, interdependientes e inalienables y cuando la discriminación y las violencias son el producto de la acción u omisión del Estado, estamos hablando de la vulneración de los Derechos Humanos y de la responsabilidad del propio Estado en ello.
Desde la Comisión Nacional de Géneros, Diversidades y Disidencias de la FePRA instamos a las autoridades a rever su posición ante la OEA, y a los Estados miembros de ella que rechacen de plano esta posición retrógrada que va en detrimento de los derechos de la población.
Denunciamos el desmantelamiento del importante andamiaje institucional con el que Argentina contaba antes de la desarticulación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, luego Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, el achicamiento de las políticas contra la de Trata, así como la eliminación de sus políticas públicas y programas.
Expresamos nuestro repudio ante el despido de Eva Giberti, quien es y ha sido una eminencia de la psicología en nuestro país, una de las pioneras del psicoanálisis con perspectiva de género, autora de importantes libros, comprometida con aportar a las instituciones desde su experiencia y saber. Quien con 90 años ha sido la impulsora y asesora general del Programa Las Víctimas Contra Las Violencias durante más de 18 años hasta su despido, aportando denodadamente a los equipos técnicos a su cargo.
Expresamos también, nuestro más enérgico rechazo ante el despido compulsivo del 85% de las trabajadoras de la subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, importante sostén de las políticas públicas que protegen los derechos de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia en un país en el que 1 mujer es víctima de femicidio(1) cada 37 horas.
(1) Según el reporte del Observatorio de feminicidios “Adriana Marisel Zambrano”, que dirige La Casa del Encuentro. Nuestro país registró 127 víctimas de violencia de género en los primeros cinco meses de 2024. Hubo 114 feminicidios, 3 lesbicidios, 1 trans/travesticidio y 9 feminicidios vinculados de varones adultos y niños.
Ante el desbaratamiento de las políticas y la creciente incertidumbre que ello genera acompañamos el pedido del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) que exige al poder ejecutivo respuestas respecto a cómo cumplirá sus obligaciones en torno a prevenir las violencias hacia las mujeres.
Ante la gravedad de la situación actual, hacemos un llamamiento a las organizaciones sociales, a las instituciones y la sociedad en su conjunto a involucrarnos en la defensa de los derechos que tanto tiempo y lucha nos ha llevado conseguir, los derechos de nuestra población no son mercancías, y no son negociables.
Para finalizar afirmamos que:
¡Sin trabajadoras y trabajadores no hay políticas públicas!
¡Sin Políticas Públicas con Perspectiva de Géneros y Diversidad no hay Igualdad de género ni derechos para Mujeres y Diversidades sexo genéricas!
¡Sin Libertad no hay Derechos Humanos y sin estos tampoco hay Salud Mental! La Salud Mental está en los Derechos!
Documentos de referencia:
- Presentación Argentina ante la OEA (2024) Lista provisional de documentos registrados por la Secretaría para el quincuagésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General https://www.oas.org/es/council/AG/regular/54RGA/ .
- Comunicado por el 25 de junio, Día internacional de la Diversidad sexual: “¿El Estado (no) puede ser el enemigo íntimo de las mujeres y diversidades? del Observatorio de géneros, Diversidades y Disidencias del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba. 25 de junio de 2024.
- Comunicado por el 25 de junio, Día internacional de la Diversidad sexual de la Comisión Nacional de Géneros, Diversidades y Disidencias de la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FePRA).
- Gacetilla de Prensa sobre la Presentación Judicial del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).
- Comunicado de Prensa de La Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), 23 de junio de 2024.
- Gacetilla ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, 1° de julio de 2024.
