La Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina expresa su repudio frente a las acciones de hostigamiento, descalificación y sospecha pública dirigidas a colegas que desarrollan su tarea en el ámbito de las infancias, particularmente en escenarios atravesados por procesos judiciales.
Lejos de tratarse de episodios aislados, tal como plantea el Colegio de Psicólogos de Santa Fé Segunda Circunscripción, estos acontecimientos deben comprenderse en el marco de un deterioro sostenido de las políticas públicas orientadas a la niñez y la adolescencia y del debilitamiento de los dispositivos institucionales encargados de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. En este contexto, el sistema de justicia no queda al margen sino que, en ocasiones, reproduce enfoques simplificadores que resultan insuficientes para abordar la complejidad de las situaciones involucradas.
La ausencia de políticas integrales y la retracción de la inversión en el campo social favorecen la consolidación de miradas reduccionistas que tienden a individualizar y patologizar problemáticas que son, en esencia, de carácter relacional, social e histórico. En este escenario, emergen constructos sin validación científica que operan como categorías explicativas impropias, desplazando la centralidad de la palabra de niños, niñas y adolescentes, y promoviendo intervenciones que pueden derivar en nuevas formas de vulneración. Estas perspectivas no solo afectan a las infancias, sino que también habilitan discursos que buscan desacreditar la labor profesional y erosionar la confianza en prácticas sustentadas en la ética y el conocimiento científico.
El incremento de las violencias y de las situaciones de vulneración de derechos exige una respuesta urgente por parte del Estado orientada al fortalecimiento de políticas públicas con anclaje territorial, sostenidas en el tiempo y basadas en un enfoque de derechos. La complejidad de estas problemáticas requiere necesariamente de dispositivos interdisciplinarios que permitan una escucha calificada, respetuosa y situada, evitando respuestas fragmentarias o estandarizadas que desconocen la singularidad de cada trayectoria.
Observamos con preocupación que muchos niños, niñas y adolescentes permanecen largos períodos bajo la órbita judicial, en dispositivos que no siempre logran ofrecer condiciones adecuadas para su cuidado integral. Esta prolongada judicialización, lejos de resolver las problemáticas, puede profundizar el padecimiento subjetivo, evidenciando la necesidad de revisar críticamente las prácticas institucionales vigentes y de promover una articulación más efectiva entre el sistema de justicia y las políticas públicas de protección.
En este sentido, resulta imprescindible destacar que la determinación de situaciones de vulneración de derechos no puede recaer en una única disciplina. Los aportes de la psicología constituyen una herramienta específica dentro de un entramado más amplio de saberes. El informe psicológico no posee carácter resolutivo ni puede ser equiparado a una decisión judicial; su función es contribuir a la comprensión integral de las situaciones, en diálogo con otras disciplinas y fuentes de información.
En este marco, resulta ineludible recordar la vigencia y el carácter vinculante de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece principios rectores como el interés superior del niño, el derecho a ser oído y a que su opinión sea debidamente tenida en cuenta, así como la obligación de los Estados de garantizar su protección integral frente a toda forma de violencia. Las prácticas que desoyen la palabra de niños, niñas y adolescentes, que los someten a procesos revictimizantes o que los reducen a objetos de disputa judicial no solo resultan éticamente inadmisibles, sino que implican un retroceso en el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por nuestro país.
Desde esta Federación reafirmamos nuestro compromiso con un ejercicio profesional regido por principios éticos, deontológicos y científicos, con una perspectiva que reconoce a las infancias como sujetos de derecho, con voz propia y con una historia que debe ser escuchada y respetada. La defensa de las y los profesionales que intervienen en este campo es inseparable de la defensa de prácticas responsables, rigurosas y comprometidas con la salud mental y los derechos humanos.
Convocamos a los distintos actores institucionales -poderes del Estado, organismos especializados y operadores del sistema judicial- a asumir con responsabilidad el desafío de transformar las condiciones actuales, promoviendo dispositivos que estén a la altura de la complejidad de las problemáticas y que garanticen intervenciones respetuosas de las necesidades singulares de cada niño, niña y adolescente.
Asimismo, recordamos que las entidades que integran esta Federación disponen de instancias de asesoramiento jurídico, acompañamiento profesional y tribunales de ética, orientados a resguardar las buenas prácticas y a sostener el ejercicio responsable de la profesión.
En virtud de lo expuesto, esta Federación expresa su respaldo al planteo formulado por el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Santa Fe Segunda Circunscripción y solicita, con carácter urgente, la convocatoria a una audiencia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el propósito de abordar de manera integral la problemática señalada, en resguardo de los derechos de las infancias, del ejercicio profesional y del conjunto de psicólogas y psicólogos de la República Argentina.
Sostener el cuidado de las infancias y proteger a quienes trabajan cotidianamente en ese compromiso constituye una responsabilidad indelegable. Allí donde se debilitan estas garantías, se compromete no solo el presente, sino también el futuro colectivo.