Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Junta Ejecutiva de la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina manifestamos nuestra preocupación y repudio por el ingreso al Congreso de la Nación del Proyecto de Ley de Modificación del Régimen Penal Juvenil, en el entendimiento de que la sanción del mismo representaría una enorme regresión en materia de derechos ganados y un profundo menoscabo al respeto y efectiva garantía del desarrollo de vida de los NNYA.
Consideramos que esta respuesta frente a gravísimos hechos, es una estrategia que sólo aporta a una escalada de violencia que lejos de resolver el problema, lo incrementa.
La estrategia punitiva no se centra en la lucha contra el delito sino principalmente en la segregación y represión diaria de los sectores más vulnerables de la población.
Desde nuestra concepción profesional comprendemos que bajar la edad de punibilidad, lejos de representar una solución innovadora, un abordaje integral o un avance en materia de derechos, es el retorno a un paradigma perimido que se ha mostrado ineficaz para garantizar mayor seguridad y por el contrario, pretender resolver el problema de jóvenes que delinquen a partir de medidas represivas deja al descubierto la ausencia de políticas públicas que deberían brindar promoción y protección de derechos a nuestrxs niñxs y adolescentes.
En una entrevista realizada en 2009 a Silvia Bleichmar en el que se debatía el tema, ella expresaba: «La delincuencia juvenil, o infantil, es el síntoma más preocupante de nuestra sociedad actual, ya que pone de relieve el fracaso no de la familia individual, sino de las instancias «parentales» del país, vale decir de protección: judiciales, legislativas, de gobierno, en su carácter de entorno constituyente y protector de la sociedad civil. Remitir a la responsabilidad de la familia individual es un nuevo modo de desresponsabilización de quienes deberían sentirse responsables!”.
La única manera real de prevenir en seguridad es a través de políticas integrales y que tengan su base en garantizar el acceso a los DDHH y abandonar las políticas que sólo apuntan a combatir los síntomas.
Exigimos la efectiva implementación de los instrumentos nacionales e internacionales en materia de protección de derechos a NNyA y el diseño de políticas públicas que atiendan a las necesidades particulares de las Infancias, prevenga situaciones de vulnerabilidad, garantice techo y comida, asegure la educación libre y gratuita, promueva los espacios de libre desarrollo a la creatividad y recreación, fortalezca sus círculos familiares y afectivos y las redes sociales para la socialización.