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Frente a las manifestaciones que en estos días han circulado en diferentes medios de comunicación en relación a la Ley de Salud Mental N°26.657, consideramos la importancia de situar esta normativa en un contexto histórico lo que es fundamental al momento de realizar las lecturas y análisis de la misma.

Esta Ley surgió en el seno de un macro movimiento social e ideológico impulsado por diferentes sectores con una perspectiva ampliada, comunitaria, planteando desde su espíritu un otro humanizado y digno, producto y productor de un entramado social, donde solo es posible hacer la diferencia , si son escuchadas todas y cada una de las voces que participan en las decisiones en Salud Mental, la redefinición de usuarios, efectores, instituciones, estado en esta red, incluye la perspectiva de garantía de derechos, en línea con nuestra Constitución Nacional.

La perspectiva integradora versus la fragmentación, la inclusión de todos los saberes, construyendo nuevos y alternativos caminos para la resolución de situaciones complejas en Salud Mental. La formación de todos/as los/as efectores que intervienen es fundamental al momento de garantizar su cumplimiento.

Las dificultades y los obstáculos se han hecho presentes al momento de su implementación, no es la normativa, ni su espíritu, ni su contextualización histórica lo que hace de tope, si no las resistencias al momento de la instalación de un nuevo y renovado paradigma en Salud Mental, que boga por la igualdad de derechos y el respeto de las diversidades, tanto para usuarios/as como para efectores y trabajadores/as de la Salud Mental.

Las instituciones que trabajamos en Salud Mental estamos dispuestas a continuar el camino en defensa de los derechos humanos, fundantes de una sociedad más justa, humana y solidaria.

Queremos resaltar nuestra preocupación, en este contexto de pandemia por COVID-19, respecto al estado de emergencia a nivel nacional y en cada uno de los territorios, en lo referido al incremento exponencial de casos de violencias por razones de género, femicidios, transfemicidios y travesticidios, y la afectación de niñas, niños y adolescentes que sufren también violencias, afrontando sus consecuencias en la propia subjetividad.

Nos preocupan, y ocupan, las vulneraciones de sus propios derechos como de los/as adultos/as que son sus referentes, y nos interpela a asumir nuestra responsabilidad como colectivo profesional.

Es destacable el compromiso reflejado en el accionar de los/as colegas en el duro trabajo en defensa de los derechos humanos de mujeres, disidencias y niños/as, con roles activos en la construcción de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, de género y diversidad como así también la tan humana tarea de contribuir a la reparación del daño sufrido por las víctimas.

Pero esto no es suficiente mientras no se avance y profundice en políticas públicas que permitan desterrar la violencia patriarcal y machista de los tres poderes del Estado que impregna las instituciones, sus prácticas y a quienes las habitamos.

No hay salud mental, si las mujeres y disidencias son violentadas.