En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FePRA) reafirma su compromiso ético y profesional con la construcción y consolidación de un sistema de salud mental basado en el pleno respeto de los derechos humanos, la dignidad y la autonomía de las personas.
El acceso a la atención en salud mental constituye una dimensión inseparable del derecho a la salud integral y una condición fundamental para el ejercicio efectivo de la ciudadanía. Garantizar este derecho implica no solo asegurar la disponibilidad de servicios de atención, sino también promover prácticas accesibles, inclusivas, respetuosas y libres de toda forma de discriminación y violencia.
La salud mental es una construcción histórica, social, cultural y política, atravesada por las condiciones de vida, los vínculos, las desigualdades y el acceso efectivo a derechos. Desde esta perspectiva, su abordaje requiere superar miradas exclusivamente individualizantes y reconocer la dimensión comunitaria, social e institucional de los procesos de salud y padecimiento.
La vigencia efectiva de los derechos humanos no constituye, por tanto, una aspiración abstracta, sino un principio rector e ineludible de las prácticas clínicas, comunitarias e institucionales. Implica garantizar condiciones de atención que respeten la autonomía, la participación y la dignidad de las personas, promoviendo intervenciones orientadas al cuidado, la inclusión social y el fortalecimiento de las redes comunitarias.
En un contexto de ajuste incesante y progresivo, signado por el repliegue del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades, resulta imprescindible reafirmar que no es posible hablar de salud mental sin considerar las condiciones concretas de vida de la población y las posibilidades efectivas de ejercer plenamente la ciudadanía. La salud mental no puede reducirse únicamente al acceso a una atención sanitaria integral y de calidad, sino que se encuentra estrechamente vinculada con el acceso a la educación, al trabajo, al ocio, a la seguridad, a una vivienda digna, a la participación social y a la posibilidad de construir y sostener proyectos de vida en comunidad. En este sentido, su abordaje exige reconocer y garantizar el conjunto de derechos sociales conquistados a lo largo de los años, cuya efectiva vigencia constituye una condición indispensable para el bienestar y la dignidad de las personas. Por ello, manifestamos:
Defensa irrestricta de la Ley N.º 26.657: Rechazamos cualquier intento de retroceso normativo o de reinstauración de lógicas manicomiales y de encierro. La respuesta al padecimiento debe ser siempre en la comunidad y con apoyos.
Presupuesto garantizado y financiamiento adecuado: La plena implementación del modelo comunitario exige una inversión real en dispositivos de la red asistencial (centros de salud, casas de convivencia, talleres sociolaborales y equipos interdisciplinarios en el primer nivel de atención).
Condiciones dignas de trabajo profesional: Exigimos el reconocimiento, cuidado y precarización cero para las y los trabajadores de la salud mental, cuya labor profesional constituye el sostén cotidiano del sistema público y privado.
Perspectiva de Derechos, Géneros y Diversidades: Ratificamos el compromiso con una práctica libre de violencias, patologizaciones indebidas y estigmas socialmente construidos.
Defensa de la interdisciplina: Reivindicamos la interdisciplina como principio ético, político y organizador de las prácticas en salud mental. Rechazamos toda pretensión de hegemonía, subordinación o jerarquización entre disciplinas, así como cualquier intento de establecer privilegios profesionales en la toma de decisiones, el ejercicio de responsabilidades y el acceso a cargos de conducción. La integralidad del cuidado exige horizontalidad, construcción colectiva de saberes y pleno reconocimiento de las incumbencias profesionales.
Salud mental es vivienda, trabajo, afecto, comunidad y memoria.