A 15 años de la promulgación de la Ley Nacional de Salud Mental, desde la Comisión de Salud Mental de FEPRA sostenemos su defensa hoy más que nunca, en un tiempo marcado por el retroceso en materia de derechos que impacta, fundamentalmente, en los colectivos más vulnerables de nuestras comunidades.
La Ley Nacional de Salud Mental fue el resultado de un trabajo colectivo de diferentes sectores, organizaciones y asociaciones de usuarios y familiares quienes, a través de su lucha y su fuerza instituyente, lograron su aprobación por unanimidad.
La norma se enmarca en un enfoque de derechos humanos, que garantiza la ampliación y restitución de derechos a toda la comunidad. Sus principales ejes expresan el espíritu de la intersectorialidad, la interculturalidad, la interdisciplina, la interseccionalidad, la perspectiva de género y diversidades sexuales, y la territorialidad; y promueve el derecho a recibir una atención sanitaria, integral y humanizada.
Es una ley que establece que los tratamientos sean lo menos restrictivos de los derechos y libertades de las personas e incluye el abordaje de los consumos problemáticos como un tema de salud mental.
La realidad cotidiana en nuestros lugares de trabajo marca una situación alarmante en materia de salud mental, visiblemente afectada por las políticas de crueldad de los últimos años. Y es alarmante en un doble sentido: por el aumento de la demanda, y por la gravedad creciente de las problemáticas.
Por eso, en este marco en el que resulta imprescindible la declaración de la emergencia en salud mental, hacemos un llamamiento, desde la Comisión a continuar trabajando para la plena implementación de la Ley de Salud Mental.
No cesaremos en su defensa cotidiana frente a los intentos por modificarla, que favorecen directa y unilateralmente al mercado y a intereses privados, en un contexto en que el Estado se retira y desfinancia el sistema de salud.