La Junta Ejecutiva y la Comisión Nacional de DDHH se pronuncian a favor de la aprobación del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, porque:
- Lo que está en juego es el derecho a decidir de les mujeres y personas con capacidad de gestar.
- Es el Estado quien debe garantizar el acceso a la salud de todas las personas.
- La mortalidad y morbilidad por abortos ilegales es una cuestión de Salud Pública.
- Obligar a parir y maternar vulnera el derecho a decidir, desconoce el deseo y bordea un trato cruel y degradante.
- No se trata de decir Sí o No al aborto, sino de garantizar que sea legal o perpetuar que sea clandestino.
- Las maternidades deben ser deseadas y elegidas, nunca impuestas.
- Lo traumático es la criminalización de las mujeres y personas con capacidad de gestar, la culpa y la clandestinidad subsecuentes y no el aborto en sí mismo.
Por último, no se trata de discutir posiciones personales en relación a la experiencia particular del aborto, sino pensar cuál será la respuesta del Estado Argentino frente a aquellas personas cuyas circunstancias de vida las llevan a decidir la interrupción de un embarazo.
Por lo que proponemos: «EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR»